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Miércoles, 17 septiembre

Los presidentes de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, Ángel Zamorano, y de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz, rubricaron ayer un código de buenas prácticas en el sector del comercio. Tras la firma, Ruiz detalló que con este acuerdo se "da un paso más de cara a la mejora de la atención a los consumidores en un sector positivo, muy positivo, porque no estamos hablando de un sector conflictivo, sino todo lo contrario, apenas hay reclamaciones en la provincia de Cádiz referente a este sector". Tras agradecer la colaboración de la asociación provincial, explicó que hay tres bases fundamentales que sustentan el acuerdo: "En primer lugar, información al consumidor con una serie de cartelería, de facturas o tiques sobre las propias devoluciones en las compras que vayan a realizar en las estaciones de servicio". En segundo lugar, está la "formación también de cara a los profesionales de estaciones de servicio de la provincia de Cádiz. Y, por otro lado, la mediación. Una mediación en esas pocas reclamaciones que puedan existir en esta materia".


Igualmente, el responsable de la Unión de Consumidores aseguró que "siempre hemos tenido colaboración de la mano de Zamorano y de la asociación provincial. Desde esa perspectiva estamos muy satisfechos, es un paso más adelante y, por tanto, los consumidores cuando a partir de hoy vayan a repostar o utilizar un servicio de una estación de servicio, pues van a ver incrementada esa calidad que hasta ahora tenían".


Ángel Zamorano, por su parte, dejó claro que para "para nosotros es muy importante, ya que queremos dar un buen servicio". "Formamos, como decimos muchas veces, la gran familia de los gasolineros de la provincia de Cádiz y, estamos dentro de lo que es nuestra libertad de competencia, como es lógico, pero dentro de unas líneas correctas, ortodoxas y el resultado final es que no se producen prácticamente reclamaciones", aseguró el presidente de la asociación provincial, añadiendo que las pocas que se producen se solventan de manera "amigable". En ese sentido, señaló que "a los consumidores los atendemos perfectamente, las normas las cumplimos, incluso, las propias petroleras nos imponen cumplir unas normas, las famosos ISO; nuestros empleados hacen cursos periódicamente sobre todo lo que son materia explosiva, seguridad, atención al cliente... Quiero decir, que es un sector donde el personal está muy formado y eso se trasmite en la calidad del servicio que después damos". Aun así, Ángel Zamorano recalcó la importancia de este protocolo que deja "una constancia de lo que vamos a hacer en el futuro, todo lo escrito es bueno, las palabras se olvidan. El resultado es positivo, sin lugar a dudas".

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

Los TSJ exigen a Hacienda devolver el céntimo sanitario,Datos macroeconómicos, economía y política - Expansión.com

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El pasado día 20 de noviembre tuvo lugar la Asamblea Anual de Empresarios de Estaciones de Servicio de Cádiz  con una masiva representación del sector.

  

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