La asociación de fabricantes Anfac y la de concesionarios Faconauto calculan que, para dar servicio a los tres millones de turismos eléctricos que circularán por las carreteras españolas en 2030, harán falta 339.998 puntos de carga públicos, para lo que será necesario realizar una inversión cercana a los 5.500 millones de euros.
Esta cifra de cargadores supondría un 13,33% más de los que había marcado como objetivo el Gobierno, que estimaba entre 250.000 y 300.000 unidades al inicio de la siguiente década. Según las dos patronales del sector, del total 307.659 deberán tener una potencia inferior a 50 kW; 24.349, entre 50 y 150; 2.435, entre 150 y 250 y 5.556, de más de 250.
Este tipo de modelos con más intensidad son clave para los vehículos pesados, que son esenciales para nuestro país, como ha puesto de manifiesto tanto el director general de Anfac, José López-Tafall, como la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta Blázquez, que han insistido en que, ante objetivos ambiciosos hay que establecer recursos en la misma línea.
