Representantes de industrias vinculadas al transporte y la movilidad, aseguran que la medida implica una «pérdida de derechos, calidad de vida y poder adquisitivo en las clases medias y bajas, especialmente de las zonas rurales»
Lunes, 27 junio 2022, 01:35
A partir de 2035 no podremos comprar un vehículo nuevo con motor de combustión. Es la última medida adoptada por la UE para lograr la reducción de emisiones contaminantes y no sólo afecta a los turismos y comerciales ligeros (furgonetas) diésel y gasolina, sino a todos los que emitan CO2. Es decir, también los híbridos, así como a los que necesitan gas licuado del petróleo (GLP) y gas natural comprimido (GNC).
Algunos fabricantes, los ya sumidos en la electrificación, han aplaudido esta medida, mientras que asociaciones como las patronales de los operadores de productos petrolíferos, de las estaciones de servicio y de los concesionarios, entre otras representantes de industrias vinculadas al transporte y la movilidad, han criticado la premura con al que las administraciones quieren quitar de las carreteras cualquier coche que no sea eléctricos o con pila de hidrógeno. «Las consecuencias sociales y económicas de esta medida afectarán, especialmente, a la población más vulnerable y las rentas más bajas, así como a la ciudadanía de las zonas más despobladas y menos comunicadas», advierten en una nota de prensa en la que además aseguran que «las infraestructuras españolas no están preparadas para la electrificación total del parque móvil y que el territorio español es uno de los más extensos de la Unión y, por tanto, uno de los más complicados de vertebrar».
«Apostar únicamente por la electrificación va a generar zonas de sombra en la España vaciada. De nuevo, se producirá un agravio comparativo entre la población urbana y la rural (con mayor necesidad de recorrer largas distancias sin necesidad de repostar), quedando esta última desprovista de una fuente energética fundamental en su día a día», aseguran.
Las asociaciones firmantes matizan que esta critica que implica que sean contrarias a la descarbonización de la movilidad y la economía; lo que piden es la transición se haga sin vetar alternativas energéticas. «Prohibir la venta de los motores de combustión no solo desincentivará la producción de combustible tradicional, sino también de ecocombustibles bajos o neutros en carbono que permitirían descarbonizar la movilidad a un menor coste y sin obligar a la población y las empresas de sectores estratégicos como la logística a cambiar de vehículo o renovar integralmente sus flotas».
No es la primera vez que estas asociaciones hacen hincapié en las consecuencias de la decisión de la UE, que, en su opinión, puede tener implicaciones directas en los actuales precios de los combustibles. «Hemos cometido la torpeza de advertir a unos productores, por un lado, y una industria, por otro, de los que aún dependemos de que dentro de veinte años tenemos la intención de prescindir de ellos», explicaba hace unos días Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES). «Unos y otros van a exprimir ese tiempo todo lo que puedan porque saben que después no hay negocio. Eso ha paralizado complemente las inversiones en sus instalaciones a nivel global porque ya no les va a compensar el desembolso. Unas refinerías van cerrando (especialmente desde la pandemia) y otras dedican sus recursos a reconvertirse en otra industria más sostenible o contentar al accionista, pero no van a reinvertir beneficios en actualizar o mejorar procesos», subrayaba. La consecuencia es que en momentos en los que el mercado genera más demanda, en las refinerías se genera un cuello de botella sin que ninguna de ellas vaya a hacer el más mínimo gasto para aumentar su capacidad.
Ahora, además, señalan que este desincentivo en la inversión derivado de la prohibición del motor de combustión «pondrá en riesgo un gran número de puestos de trabajo, tanto de la industria del refino y de distribución de carburantes como en la de componentes de automoción y en las vinculadas a la movilidad y al transporte».
«No se trata solo de la pérdida de eficiencia en el proceso de la transición energética -concluyen-. Se trata de la pérdida de derechos en materia de movilidad, de calidad de vida y de poder adquisitivo en las clases medias y bajas. Por todo ello, defender intereses de toda la población española requiere imperativamente votar no al reglamento de estándares de emisiones de CO2 por parte del Gobierno español ante la Unión Europea».
Fuente: elcorreo.com
