Los operadores de gasolina y, sobre todo, de diésel ultra low cost han salido reforzados del río revuelto de la crisis energética. La cuota comercial de las cinco compañías más potentes dentro de este segmento, el de las ofertas por debajo de coste, coparon el 12,2% de las ventas al cierre de 2023, cinco veces más que en 2021, año en el que comenzó la escalada de precios de la energía, cuando alcanzaron el 2,5% del mercado, según los datos que maneja el sector a los que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO.

Son cinco las compañías que conjuntamente han impulsado el salto, de 10 puntos porcentuales, en apenas dos años. Los mayores crecimientos se concentraron en 2023. Biomar Oil lidera tras pasar del 1,8% en 2022 al 6,5% el año pasado, cifra similar a la reportada por gigantes petrolíferos a nivel nacional como Disa o Galp. En segunda posición se sitúa Hafesa, que rompe la tendencia y pierde peso al caer del 2,5% al 1,9% en el periodo. Le siguen Martankship, constituida en julio de 2022, Omega Fuels y Hatta Energy.

Estas compañías son operadores al por mayor de productos petrolíferos acreditados para actuar como tal en España en virtud de las exigencias del Ministerio para la Transición Ecológica y de la CNMC. Su negocio fundamental es el trading, el almacenamiento y la venta al por mayor de hidrocarburos. Algunos cuentan también con red propia de estaciones de servicio, lo que les garantiza el control de toda la cadena de negocio, aunque la venta minorista no suele ser su principal fuente de ingresos. Todas ellas han llamado la atención del sector, y algunas también la de los inspectores tributarios, por mantener precios excepcionalmente bajos, incluso, inferiores al coste.

Cuando se habla de ofertas anormalmente bajas se hace referencia a que el precio que se ofrece, bien al cliente mayorista, bien al consumidor final no cubre la suma del coste de la materia prima, es decir, de la cotización internacional del producto, más las tarifas logísticas, los impuestos y otras obligaciones regulatorias. Precisamente por ello, las ofertas de derribo son una de las primeras pruebas de alerta para las autoridades tributarias, ya que suelen estar sustentadas al impago del IVA a las arcas públicas.

HACIENDA, EN GUARDIA

Como el carburante es un negocio de grandes volúmenes, la retención del IVA dispara vertiginosamente el margen de beneficio del producto, lo que permite hundir los precios de todo el mercado. «En este mercado hasta una bajada del precio en el cuarto decimal implica disparar exponencialmente los ingresos de un operador», apunta una fuente del sector.

El número promedio de estaciones de servicio que han registrado precios en monolito, como se conoce al coste del producto en surtidor, por debajo de coste ha aumentado en lo que va de 2024, con un pico de más de 750 en febrero. Fuentes del ámbito fiscal achacan este repunte al efecto colateral del mecanismo de control que el Gobierno aprobó a finales de 2023 para limitar los intermediarios en la comercialización de combustible. El real decreto se ideó para evitar el fraude, pero su entrada en vigor se fijó meses después de su aprobación, el pasado 28 de marzo, lo que llevó a los defraudadores a exprimir su operativa durante ese periodo de gracia, impulsando las ventas de combustible a precios ultrabajos.

El fraude fiscal en la compraventa de hidrocarburos se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza de la Agencia Tributaria, según admiten fuentes internas del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. El pasado mayo, inspectores de la Agencia se personaron en más de 400 gasolineras de 14 CCAA en el marco de la operación denominada ‘Operación Fuel’, una actuación de obtención de información sobre el fraude de IVA en la venta de gasolina y diésel. Se esperan más acciones semejantes, incluso, en coordinación con autoridades regionales.

De acuerdo con documentos oficiales de la cartera que dirige María Jesús Montero, durante 2022 y 2023 la defraudación organizada en la comercialización de hidrocarburos ha sido la más activa y ha constituido la actividad principal de control de los servicios de investigación de las Dependencias Regionales del ente público. «Es previsible la continuidad de estas actividades a lo largo de 2024, empujadas por los altos precios de los combustibles», pronostican. No se equivocaban.

Ayer mismo, varias asociaciones del sector de los hidrocarburos (Aevecar, AOP, CEEES y UPI) celebraron el foro «Fraude en la distribución de carburantes» de la mano de CEOE en la sede de la patronal. Durante el encuentro, los expertos estimaron en unos 1.000 millones de euros anuales el roto a las arcas públicas provocado por el fraude por IVA de carburante.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, resaltó en su intervención la denuncia que desde hace meses repiten tanto las grandes petroleras hasta las gasolineras automáticas: «El fraude fomenta una competencia desleal, que va en detrimento del propio desarrollo empresarial y dificulta el cumplimiento de los objetivos sostenibles».

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