El mercado de la venta de combustibles en España se ha convertido en una jungla. Por si fuera poco el multimillonario fraude en el IVA, que según cálculos de determinadas patronales y del propio Gobierno asciende ya a unos mil millones, las autoridades acaban de detectar otro problema multimillonario.

Se trata del fraude en la mezcla de combustibles, que ya ha provocado un quebranto de cerca de 600 millones de euros . Así se desprende de uno de los últimos informes elaborados por el Ministerio de Transición Ecológica. Numerosas empresas están incumpliendo la obligación de añadir combustibles bio (elaborados a partir de materias orgánicas), a los normales (los denominados combustibles fósiles, derivados del petróleo).

Según la legislación, todos los combustibles fósiles deben llevar una determinada mezcla de biocombustibles, para fomento de la transición ecológica . Si no se realiza esa mezcla, el comercializador debe pagar una compensación (certificados). Ese dinero se revierte al Estado para fomento de las renovables.

El problema es que el Gobierno ha detectado que numerosas empresas no cumplen con la proporción de la mezcla establecida, ni cubren ese déficit pagando por la compensación correspondiente.

Según una resolución de Transición Ecológica, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en España hay «un total de 127 sujetos obligados acreditados en 2023 en el Sistema de Certificación de Biocarburantes (Sicbios)».

Como un laberinto

Son las empresas (operadores de combustibles al por mayor o grandes redes de estaciones de servicio) que están sujetas a cumplir con la obligatoriedad de mezclar biocombustibles a los combustibles fósiles.

Pero de esos 127 grupos, el Gobierno solo ha recibido 70 solicitudes de expedición de certificados definitivos que acreditan que, o se está haciendo la mezcla correcta, o se ha solicitado activar el mecanismo de compensación dineraria . A partir de ahí la situación es laberíntica.

De los 57 sujetos obligados restantes, 51 de ellos se encuentran en trámites de formalización de su solicitud de baja en Sicbios , o bien serán dados de baja de oficio por parte de las autoridades. De otros seis , hay una empresa que, siendo operadora al por mayor, ha presentado ante la entidad certificadora «declaración responsable de no haber tenido ventas en el ejercicio 2023».

Es decir, alega que está inactiva, aunque siga dada de alta. De otras no se sabe nada . No han formalizado las solicitudes correspondientes a la certificación provisional, ni las solicitudes de certificados definitivos, ni tampoco han reportado información alguna sobre su actividad. A ojos del ministerio son empresas fantasma . Otra empresa de las que figuran en el listado del ministerio como sujeto obligado comenzó su actividad en enero de 2024 y por lo tanto el regulador le da cierto margen hasta que complete un ejercicio anual entero.

Independientemente de cómo se resuelva en cada caso, en conjunto el problema de momento afecta a casi la mitad de los operadores (57 operadores sobre un total de 127).

En términos económicos, el impacto es multimillonario. Según la resolución del ministerio, el total del déficit en euros, es decir, «la cantidad total a abonar en concepto de pagos compensatorios relativo al incumplimiento de lo establecido» -pero que no se está pagando-, asciende a 581 millones en 2023.

Es un dinero que debería ir a un fondo para cubrir el desarrollo de las renovables , lo que redundaría en beneficio de todo el sistema energético y, en consecuencia, de todos los usuarios.

El problema no es solo ese fiasco, sino la distorsión que provoca en la competencia . Al cumplir menos obligaciones en las mezclas, algunos operadores pueden vender más barato, e incluso hacer dumping : vender por debajo de costos, asfixiando así al competidor vía precios. Esto rompe el mercado y lo convierte en un caos.

Llueve sobre mojado. El fraude en mezclas se une al fraude en el IVA, que algunos operadores no están declarando. Las patronales denuncian que en 2022 el fraude sólo en el pago de IVA en el sector de las gasolinaras alcanzó los 700 millones de euros y que el año pasado escaló por encima de los 1.000 millones.

El Gobierno está intentando estrechar el cerco a los defraudadores, pero es poner puertas al campo . Cada empresa fraudulenta detectada rápidamente es reemplazada por otra.

‘Operación Combustible’

La Agencia Tributaria informó el pasado mes que funcionarios de su Área de Inspección se han personado en más de 400 gasolineras de 14 Comunidades Autónomas en el marco de la operación denominada Fuel .

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