Ayer, el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos acordaron postergar la solución laboral para los trabajadores interinos que llevan años sin consolidar su plaza de manera definitiva. Aunque estos trabajadores pueden parecer indefinidos durante su vida laboral, pueden ser despedidos en cualquier momento si su plaza es ocupada por un funcionario mediante oposición o si su puesto de trabajo queda sin presupuesto.
En este contexto, el Gobierno ha identificado a 300.000 personas que espera consolidar como funcionarios a finales de año. No obstante, otras fuentes, como el Registro de Personal y diversas asociaciones defensoras de los interinos, estiman que el número de estos trabajadores oscila entre 600.000 y 800.000 en todas las administraciones.
Ayer, el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos decidieron esperar a las decisiones de los tribunales españoles sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado día 13 antes de tomar medidas sobre este asunto. La secretaria de Estado de la Función Pública, Clara Mapelli, se reunió ayer telemáticamente con las comunidades autónomas y la FEMP, la federación de los ayuntamientos españoles, para analizar la sentencia del TJUE. Se decidió esperar a futuras decisiones del Tribunal Europeo y el Tribunal Supremo.
La cuestión fundamental que Luxemburgo debe responder es cómo convertir en funcionarios a los trabajadores interinos con muchos años en sus puestos, sin contravenir la legislación española y respetando los principios constitucionales de acceso a la Función Pública, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Esto plantea cómo encaja el modelo español de acceso a la Función Pública en la legislación europea sobre el empleo de duración determinada, regulado por el Acuerdo Marco de 1999 y la directiva comunitaria correspondiente.
El Tribunal Supremo rechaza que los interinos puedan convertirse en funcionarios sin pasar por las pruebas de acceso habituales en la oferta de empleo público, que se regulan bajo los principios de igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y publicidad de las pruebas y calificaciones.
El 13 de este mes, el Tribunal de Justicia de la UE reiteró su posición sobre este tema al pronunciarse sobre el caso de tres trabajadoras de la administración catalana que reclamaban un puesto fijo tras varios años sin consolidar su empleo. El Tribunal de Luxemburgo argumenta que la legislación española no prevé sanciones para una administración que «abusa» de la contratación de interinos sin hacerlos fijos. A diferencia de los trabajadores indefinidos, que pueden ser despedidos en cualquier momento como en el sector privado, los funcionarios son fijos y solo pueden ser despedidos por faltas de disciplina muy graves, sin que se les aplique el Estatuto de los Trabajadores.
El Tribunal Europeo indicó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona que son los tribunales españoles y el Gobierno quienes deben realizar los cambios legislativos necesarios para alinearse con la normativa europea. Mientras tanto, Luxemburgo aconseja que la mejor manera de sancionar a las administraciones incumplidoras es convertir en indefinidos a todos los interinos en situación irregular, con un régimen de despido similar al de los funcionarios, es decir, por indisciplina muy grave, siempre y cuando la administración cumpla la legislación española.
El sindicato de funcionarios, CSIF, anunció ayer que el próximo jueves 27 iniciará protestas para exigir al Gobierno que cumpla su compromiso de aumentar los salarios en un 2,5% este año.
