Con la llegada del verano, el Gobierno ha intensificado su cruzada contra el fraude en la venta de carburantes después de constatar que, el año pasado, su coste para las arcas públicas se disparó, al menos, un 277% frente a 2022, hasta superar los 2.600 millones de euros, según ha podido saber EL MUNDO de datos que maneja el sector. La cifra casi equivale a los fondos que movilizó el Ejecutivo para mitigar el impacto de la pasada crisis energética en los hogares.

El fraude en la distribución de combustibles tiene cinco caras: la fiscal (mediante el impago del IVA), la de biocarburantes (incumpliendo la obligación de añadir la proporción de bios, más caros, que exige la ley al producto fósil), las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, las Existencias Mínimas de Seguridad y las importaciones. Las dos primeras son las que tienen un mayor peso en cuanto al coste del fraude. Entre 2022 y 2023, el impago del IVA pasó de rondar los 588 millones de euros a rozar los 2.000 millones, mientras que el fraude de bios aumentóde 95 millones a 580 millones, según las estimaciones de UPI, asociación que agrupa a los principales operadores energéticos independientes del mercado español.

Dentro del Gobierno, la batalla la están liderando los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda. El ministerio que capitanea Teresa Ribera sacó adelante en el Consejo de Ministros del pasado martes una batería de medidas destinadas a estrechar la vigilancia sobre el sector, cuatro meses después de reformar la Ley de Hidrocarburos, precisamente, para atar en corto a los operadores. Primero, el departamento ha endurecido el régimen sancionador frente al fraude de biocombustibles que, hasta ahora, las multas consistían en el pago compensatorio de 1.623 euros por cada certificado deficitario. El nuevo ajuste aumenta la sanción entre un 10% y un 25% en función del porcentaje de producto no acreditado.

El ministerio también ha allanado el camino a la inhabilitación de operadores fraudulentos, una acción que hasta el momento podían evitar todas aquellas empresas que acreditasen, al menos, un 50% de su volumen de ventas. El nuevo marco eleva esta exigencia a un mínimo del 60%. Además, se exigirán auditorías de bios trimestrales, frente al sistema anual que se había estado aplicando.

OLEADA DE BAJAS FORZOSAS

A principios de mes, Transición Ecológica cesó a Biomar Oil que, presuntamente, habría acumulado una deuda con el sistema por fraude de biosmás de 200 millones de euros en 2023, como adelantó este medio. Ahora, le ha tocado el turno a Martankship, que habría acumulado unos 130 millones de deuda con el Estado en concepto de certificados de bios no acreditados, según fuentes conocedoras. Ambos operadores, que de acuerdo con estas cifras habrían acumulado el 66% del agujero a las arcas públicas provocado a nivel nacional por este tipo de infracción el año pasado, han sido ya dados de baja del registro de operadores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por su parte, la cartera que dirige María Jesús Montero ya ha dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), activo desde abril de 2023, a una decena de operadores, la mayoría esta misma semana, una acción que en la práctica impide a estas empresas extraer producto de los depósitos fiscales y, por ende, suministrárselo a las estaciones de servicios, sus clientes.

La acción de Hacienda ha causado especial revuelo en el sector. Según defiende en conversación con este diario Carlos Babot Horcajadas, abogado del bufete Babot-Aranguren Asociados que representa a algunas de las compañías afectadas, se trata de un cese en bloque «irregular» motivado por la «decisión unilateral» de colaboradores de la Agencia Tributaria «totalmente ajenos y sin relación profesional alguna con la empresa a la que dicen representar», que «quebrantan gravemente la finalidad de la colaboración social» con las autoridades tributarias. Sin embargo, fuentes próximas a Hacienda aseguran en conversación con este medio que la Agencia solo da de baja del Redef a un operador cuando actúa, «bien de oficio, bien a petición de un representante de una de estas compañías debidamente acreditado, al que exigimos desde el DNI, como el documento de representación, entre otros documentos».

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