La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una sentencia del 14 de julio, ha impuesto 5 años y nueves meses de cárcel en conjunto y el pago de una indemnización de 144 millones de euros a un empresario pontevedrés que vendía petróleo low-cost desde Vigo a una trama empresarial de Barcelona y en el extranjero que defraudaba fiscalmente el IVA. La trama se remonta a los años 2008 al 2012. Distribuían un combustible que se beneficiaba de deducciones por hallarse en un régimen de depósito fiscal o aduanero y que se comercializaba por debajo del precio de coste. Idearon una operativa fraudulenta para evitar intencionadamente el ingreso en Hacienda del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos.

La Audiencia Nacional ve probado a través de unos documentos decomisados que la trama exportaba el combustible y hacía las ventas desde Vigo. Hay datos de las transferencias del producto, referencias del precio, tramitación de pedidos e información que debía suministrar la filial Petroiberia, concluyendo con la necesaria adaptación a estas indicaciones de la estructura de la sociedad, así como la contabilidad.

La sala considera al pontevedrés como el número 3 de la organización, asentada en Barcelona, y con cómplices pakistaníes. Hacía ventas a grandes compañías del extranjero como a grandes operadores como Mercuria Energy Trading SL y Listaco Lukoil, clientes ordinarios que nada tenían que ver con las empresas investigadas. Contaban con intermediarios en Suiza. No soportaban el IVA en la adquisición de los hidrocarburos, pero sí repercutían dicho impuesto en casi todas las ventas realizadas por tener lugar fuera del depósito fiscal. Ante la «burda artimaña», luego presentaban declaraciones complementarias con solicitud de aplazamiento de pago para retrasar la acción de Hacienda.

Otro pontevedrés y un vecino de Poio que trabajaban en la comercializadora gallega fueron absueltos porque realizaban tareas de ventas pero sin tener conocimiento suficiente de la trama. Las autoridades empezaron a investigar las ventas de combustible porque eran muy baratas y sospechaban que estaban realizando una práctica casi monopolística porque echaba del mercado a vendedores que no podían competir con precios tan bajos.

En los registros se halló el documento denominado «propuesta de estructura para Petronova Oil SA», en el que se «observa perfectamente» que la dirección corresponde en el tercer puesto al empresario pontevedrés ahora condenado. Le imponen, por cada uno de los tres delitos agravados contra la Hacienda Pública, un año y tres meses de prisión, inhabilitación para la venta de hidrocarburos, y multas de 5,89 millones de euros correspondiente al ejercicio 2008, de 52,84 millones (2009) y de 85,24 millones (2010) y dos años de prisión por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y multa de 30.000 euros.

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