La Fiscalía Anticorrupción se ha posicionado en contra de la admisión a trámite de la querella presentada por el Partido Popular en la Audiencia Nacional señalando por ilícitos de cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal al Partido Socialista, en relación a la investigación abierta sobre el comisionista Víctor de Aldama y uno de sus socios, Claudio Rivas, en un fraude millonario de hidrocarburos.
Según informan en fuentes fiscales, Anticorrupción ha respondido a la petición de información del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, oponiéndose a la admisión de esta querella en la que los populares solicitaban además personarse en la causa.
La iniciativa, presentada la semana pasada y a la que tuvo acceso ABC, se apoya en la publicación en The Objective de una entrevista a un supuesto empresario que desde el anonimato, asegura que tiene una relación estrecha con Aldama y que en ese contexto, ha llevado bolsas con hasta 90.000 euros en efectivo a la sede de los socialistas en la madrileña calle de Ferraz.
El PP cogía como ancla esta declaración para intentar empujar la apertura de una pieza separada en la causa por el fraude de hidrocarburos que se centrase en la implicación que presuponen del PSOE para que la supuesta trama corrupta consiguiese sus objetivos.
Esta causa se cruza con el conocido como caso Koldo no sólo porque compartan uno de los protagonistas, el propio Aldama, sino porque el alcance de sus influencias dentro del Ministerio de Transportes y así, en el corazón del Gobierno, le permitió conseguir a la gente de Claudio Rivas una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica para que expusieran su pretensión de conseguir una licencia de operador de hidrocarburos.
El empresario que habló con el mencionado medio digital, aseguraba que Aldama le había puesto precio a esta gestión, 600.000 euros. La cuestión es que según desveló la UCO de Guardia Civil en el caso Koldo, esa reunión introductoria se produjo. Además, de Rivas habrían salido los fondos para costear un chalet en Cádiz del que pudo disfrutar sin coste el que era ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hasta que, ya después de su cese, la licencia de hidrocarburos se frustró definitivamente. La conseguirían un año más tarde, en 2022.
Tras estallar el caso con una operación también de la UCO hace dos semanas, Aldama y Rivas pasaron a disposición de Pedraz que, en línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, les envió a prisión provisional. Se les imputan delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el contexto de una serie de operaciones societarias en cadena con la compra venta de hidrocarburos para conseguir un fraude que se estima en 182 millones de euros, dinero que luego habrían blanqueado a golpe de entramado de testaferros.
Según informan en fuentes fiscales, Anticorrupción ha respondido a la petición de información del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, oponiéndose a la admisión de esta querella en la que los populares solicitaban además personarse en la causa.
La iniciativa, presentada la semana pasada y a la que tuvo acceso ABC, se apoya en la publicación en The Objective de una entrevista a un supuesto empresario que desde el anonimato, asegura que tiene una relación estrecha con Aldama y que en ese contexto, ha llevado bolsas con hasta 90.000 euros en efectivo a la sede de los socialistas en la madrileña calle de Ferraz.
Esta causa se cruza con el conocido como caso Koldo no sólo porque compartan uno de los protagonistas, el propio Aldama, sino porque el alcance de sus influencias dentro del Ministerio de Transportes y así, en el corazón del Gobierno, le permitió conseguir a la gente de Claudio Rivas una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica para que expusieran su pretensión de conseguir una licencia de operador de hidrocarburos.
El empresario que habló con el mencionado medio digital, aseguraba que Aldama le había puesto precio a esta gestión, 600.000 euros. La cuestión es que según desveló la UCO de Guardia Civil en el caso Koldo, esa reunión introductoria se produjo. Además, de Rivas habrían salido los fondos para costear un chalet en Cádiz del que pudo disfrutar sin coste el que era ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hasta que, ya después de su cese, la licencia de hidrocarburos se frustró definitivamente. La conseguirían un año más tarde, en 2022.
Tras estallar el caso con una operación también de la UCO hace dos semanas, Aldama y Rivas pasaron a disposición de Pedraz que, en línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, les envió a prisión provisional. Se les imputan delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el contexto de una serie de operaciones societarias en cadena con la compra venta de hidrocarburos para conseguir un fraude que se estima en 182 millones de euros, dinero que luego habrían blanqueado a golpe de entramado de testaferros.
En espera de la decisión de Pedraz sobre el posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, que llegará previsiblemente ya la semana que viene, la causa, en la que ya han pedido personarse entre otros, Manos Limpias y HazteOír, sigue bajo secreto de sumario.
