La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado filtraciones de la Agencia Tributaria a la trama del fraude con los hidrocarburos. En un informe de los investigadores, al que ha tenido acceso este periódico, se evidencia cómo M. A. B. I, uno de los supuestos implicados de la red, pudo «contar con la ayuda» del funcionario Alfredo Ayuso Rodríguez «para obtener informaciones confidenciales» sobre SKT Oil, una de las entidades dedicadas a la compraventa de hidrocarburos e investigadas por el devengo en el pago del IVA.
Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil demuestran la «preocupación» del presunto investigado por una posible inspección de Hacienda a SKT Oil y cómo Ayuso Rodríguez le confirma que la sociedad aún no ha levantado ninguna sospecha. «Buenos días, de momento no hay nada abierto que yo haya visto. No haya notificación pendiente o que se vaya a iniciar. Nada. No hay nada contra SKT por parte de Hacienda. Ufff… menos mal», reza el mensaje.
El funcionario de la Agencia Tributaria, según se desprende de la documentación, entablaría relación laboral con M. A. B. I, perteneciente a la organización criminal investigada, para gestionar la información fiscal que se trasmite a Hacienda de las sociedades del entramado, así como para coordinar el negocio inmobiliario vinculado a la trama y utilizado para el blanqueo de capitales. «Hola, me dicen en la notaría que está el Ceniza y Gaspar allí. Esperando. Creo que sería conveniente que fueras con los poderes de Antonio (uno de los supuestos cabecillas de la trama) para levantar acta diciendo que no se puede firmar por lo que ponemos en el correo. Saludos», le escribe Ayuso.
De las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, se concluye, en este sentido, que M. A. B. I realizaba distintas gestiones para el correcto funcionamiento de las actividades de SKT Oil, entre ellas, constituir y adquirir entidades para la puesta en marcha del presunto fraude y gestionar las operativas bancarias, la actividad notarial y la creación de facturas «ficticias» para dar apariencia de legalidad.
El blanqueo
Los investigadores aseguran que las empresas vinculadas en el fraude incurrieron en un delito de blanqueo de capitales al detectar documentación que probaría envíos de dinero a otros países como Panamá, Uruguay, Portugal y Andorra. De acuerdo con varios informes, los investigados acumularon «más de 70 kilos de oro», que fueron incautados, y «grandes cantidades de dinero en Hong Kong», haciendo además importantes transferencias de dinero .
Algunas de las sociedades implicadas desviaron fondos también a través de inversiones inmobiliarias, también en «países terceros». La Guardia Civil acredita sus sospechas, entre otros sustentos, en uno de los mensajes intervenidos a uno de los imputados en el marco de las diligencias, donde le preguntan literalmente si está en Panamá «limpiando papeles». Estas conversaciones, a juicio de los agentes, corroboraría la hipótesis de que los investigados se servían de sus gestiones en Panamá para «proceder al blanqueo de capitales».
La investigación, no obstante, amenaza también con destapar una posible red de corrupción dentro de la propia UCO al corroborar que, al menos, más de media docena de agentes podrían haber estado accediendo a las bases de datos internas y pasando información de forma irregular a la trama. Algo que ya podría haber sucedido en el conocido caso Koldo con el el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el comandante Rubén Villalba, pues podrían estar detrás de un chivatazo a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
