La actividad de las empresas ha estado en el centro de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno en los últimos años, dirigidas a aumentar su capacidad recaudatoria. Este puso en marcha los gravámenes extraordinarios a la banca y a las energéticas en respuesta a la crisis de inflación que generó la invasión rusa de Ucrania y a las puertas de que decayeran, suscribió un acuerdo con sus socios parlamentarios para crear un nuevo impuesto a los márgenes de las entidades financieras (que se encuentra en tramitación en el senado) e iniciar un debate para elaborar otro, dirigido a las compañías del sector energético. Todo ello se suma a que España grava dos veces los ingresos empresariales, con un tipo del 46%.
Lo hace en concepto de Sociedades y sobre los dividendos, una duplicidad que se traduce en que tributa cinco puntos más estos beneficios que la media europea, según el análisis elaborado por Tax Foundation. El ‘think tank’ estadounidense agrega ambos conceptos para generar la tasa impositiva integrada que permite hacer comparaciones entre los diferentes estados de la Unión Europea y otros del entorno más próximo, como Reino Unido o Turquía. El promedio que aplican estos países para esta tasa integrada se sitúa en el 40,89%, mientras que España aplica el 46%, del que el 25% responde a los impuestos sobre la renta y un 28% al cargo sobre los dividendos empresariales.
La presión agregada es, no obstante, inferior a la de países como Francia (51%), Portugal (50,7%), Alemania (48,4%) o Reino Unido (54,5%) de forma que son estados como Hungría (22,7%) o Eslovaquia (28,95) los que protagonizan el otro lado de la balanza. El centro de estudios advierte que esta doble imposición sobre los ingresos corporativos «puede generar distorsiones económicas» que pueden tomar forma de contracción del ahorro o de la inversión, generar un sesgo hacia algunas formas de negocio o llevar a la financiación mediante deuda, en lugar de recurrir al capital. Por ello, el informe señala que son varios los países de la OCDE que han introducido cambios para eliminar o mitigar los efectos de esta doble imposición.
Los analistas diferencian entre dos tipos de impuestos integrados, el aplicado sobre los dividendos, donde Irlanda es el país europeo con un tipo impositivo más elevado (57,1%), seguido por Dinamarca (54,8%) y el ya mencionado Reino Unido, a diferencia de los países del este. Estonia (20%) y Letonia (202%) aplican el porcentaje más bajo de la tabla comparativa. Y del otro lado, el gravamen aplicado sobre las ganancias del capital. Este ránking está encabezado por el país danés, al que siguen Noruega (51,5%) y Francia, mientras que Suiza (19,7%), la República Checa (21%) y Eslovaquia destacan por lo contrario. Si bien, hay casi una decena de países (Bélgica, Luxemburgo, Turquía, Eslovenia o Suiza están entre ellos) que no aplican impuestos sobre las acciones mantenidas por un largo periodo de tiempo, lo que convierte el segundo de ellos en el único.
A su vez, hay países que han elevado sus tipos impositivos máximos a lo largo de 2024, como es el caso de España que ha llevado del 26% al 28% el gravamen en el caso de que se obtengan beneficios superiores a 300.000 euros y el tipo más bajo es del 19% (para réditos inferiores a 6.000 euros). Países Bajos también lo incrementó desde el 32% al 36%, en cambio, Austria decidió reducirlo del 24% al 23%. Respecto a los impuestos corporativos, el más notorio es el caso de Turquía, que pasó de aplicar un 20% a introducir un 25%, al tiempo que Islandia (21%) o República Checa (20%) apenas lo aumentaron en un punto porcentual. Reino Unido, por su parte, valora incrementar la carga sobre las ganancias de capital desde el 20% al 24%, pero aún no lo ha llevado a cabo, según señala el citado estudio.
Este mapa ha experimentado varios cambios desde el primer año en el que Tax Foundation realizó por primera vez la recopilación de estos datos, 2021. Entonces España empleaba un tipo agregado del 42,3, el que entonces ya era inferior a los países situados a su alrededor, que también han incrementado las tasas, a excepción de Portugal que ya aplicaba el mencionado 50,7% sobre los ingresos empresariales. En este periodo, Irlanda tampoco ha modificado sus cargas impositivas, lo que no ha impedido que siga a la cabeza de los países europeos de la OCDE desde el periodo posterior a la pandemia.
Esta diversidad de criterios llevó a los países integrantes de la organización internacional a cerrar un acuerdo sobre la necesidad de imponer un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15%, que después se plasmó en una directiva europea a la que el Gobierno español dio salida hace apenas unas semanas con la votación en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley que empleó para canalizar la reforma fiscal solicitada por Bruselas.
Así el texto presentado inicialmente para transponer esta directiva fue utilizado como vía para aprobar un nuevo impuesto a las entidades financieras, gravar el líquido de los fumadores electrónicos y aprobar u n paquete de medidas para combatir el fraude en el suministro de hidrocarburos a gasolineras. Asimismo, se volvieron a reducir los límites para deducirse pérdidas, después de que el Tribunal Constitucional tumbara los máximos introducidos por Cristóbal Montoro en el año 2016 por haber sido aprobados por un real decreto-ley.
