Hacienda ha citado a los grupos parlamentarios el miércoles para comenzar a debatir el nuevo impuesto a las compañías energéticas, así lo ha anunciado Podemos en una rueda de prensa en la que ha recordado a los socialistas que si no cumplen con lo acordado para salvar la reforma fiscal, se producirá «una ruptura total con el Gobierno». La formación ‘morada’ pone en duda la voluntad del PSOE para sacar adelante el tributo después de que este suscribiese acuerdos a izquierda y derecha para aprobarlo al margen de la tasa a la banca. Por ello, el portavoz y secretario de organización del partido, Pablo Fernández, ha reiterado que no negociarán los Presupuestos Generales del Estado si el PSOE no garantiza que se aprobará este tributo y que entenderán lo contrario por «un engaño» que les llevará a «actuar en consecuencia», esto es a dar la espalda a sus proyectos.
El partido de Ione Belarra protagonizó la última fase de la negociación ‘in extremis’ llevada a cabo por el Ejecutivo a finales de noviembre para salvar la votación del proyecto de ley por el que se establecía un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes grupos y multinacionales, al que incorporó la creación de nuevos tributos como el de los cigarrillos electrónicos o el que cargará el margen de beneficios de las entidades financieras. El diálogo impulsado por Hacienda y capitaneado por Félix Bolaños, consiguió que los cuatro diputados ‘morados’ no rechazaran el paquete fiscal El Gobierno salva la reforma fiscal tras prometer a Podemos un nuevo impuesto energético a cambio de abrir esta mesa de diálogo entre los partidos que invistieron a Pedro Sánchez para impulsar una proposición de ley con el nuevo impuesto a las energéticas antes del 31 de diciembre.
A dos semanas de Nochebuena, el departamento de María Jesús Montero, dará comienzo a este debate que en caso de no llegar a término dará paso a la segunda cláusula del acuerdo: aprobar el impuesto vía real decreto-ley en Consejo de Ministros ya en 2025. Un aspecto que ya formaba parte del acuerdo alcanzado con ERC, EH Bildu y BNG para que el texto superara el trámite de la Comisión de Hacienda que el Gobierno tendrá que equilibrar con los compromisos asumidos con Junts y PNV, por los que no se gravarán las inversiones que se comprometan con la descarbonización, como anunciaba el comunicado del Ministerio de Hacienda del pasado 18 de noviembre.
Este impuesto es la vía buscada por los socios de Gobierno para hacer permanente o al menos, construir un diseño por el que pudiera extenderse indefinidamente, el impuesto temporal aprobado en el marco de la crisis de precios que surgió en 2022 como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Según los datos publicados por la cartera, se recaudaron 1.164 millones de euros en el último año y 1.644 millones de euros en el primero de aplicación. En este periodo, Repsol ha sido el mayor contribuyente por este impuesto, seguido de Cepsa, Endesa, Iberdrola y Narturgy.
