Los socios parlamentarios se decantan por extender el gravamen temporal a las energéticas a través de un real decreto-ley, después de que PNV y Junts se ausentasen de la primera reunión convocada por Hacienda para acordar el diseño del nuevo impuesto que nacerá con carácter permanente, de acuerdo con lo pactado por el PSOE con Podemos, EH Bildu, ERC y BNG. «No da tiempo, aunque se quisiera, de hacer una proposición de ley antes de fin de año. El decreto es la única fórmula viable en tiempo y forma» apuntan fuentes de la reunión a elEconomista.es.
Esta vía permite que el Gobierno gane margen ante la oposición de los partidos nacionalistas de derechas, ya que la extensión entraría en vigor tan pronto como se aprobara en Consejo de Ministros. Después, el Ejecutivo contaría con 30 días para convalidarlo (para lo que sí necesitaría los votos de Junts y PNV) por lo que el impuesto estaría en vigor en el momento en el que las compañías del sector comenzaran a hacer el pago en febrero. El Congreso de los Diputados suspende el periodo de sesiones durante el mes de enero, cuando podría convocarse una sesión extraordinaria, si bien, los socialistas no forzarían una votación de la que podrían salir perjudicados si los diputados de PNV y Junts cumplen con sus amenazas y tumban el gravamen.
Estos dos partidos son especialmente sensibles con las compañías del sector, por lo que rechazaron brindar su apoyo a la conversión de este impuesto en uno permanente (como si hicieron con el bancario) en la Comisión de Hacienda que tuvo lugar hace dos semanas. Pero además, los nacionalistas vascos ya avanzaron que darían su negativa a la extensión del gravamen temporal, puesto que a diferencia del eventual nuevo impuesto, no se puede concertar. Es decir, los territorios forales no podrían pactar con la Administración Central los tipos o las condiciones que aplicarían en su territorio, ni tampoco controlar los ingresos, un aspecto que sí tienen garantizado con el nuevo diseño de la tasa a los márgenes de las entidades financieras.
Hacienda confía en reunir los apoyos
Fuentes del departamento de Hacienda evitan concretar si este es un compromiso en firme asumido en la reunión de ayer y se limitan a afirmar que cumplirán sus compromisos pese a reconocer que las posiciones entre las formaciones políticas están a día de hoy «muy distanciadas». «Se trata de un objetivo complejo porque la realidad es que las posiciones están muy alejadas» expresan desde el equipo de María Jesús Montero, que invitan a llevar a cabo un diálogo discreto para poder elaborar el impuesto permanente que tienen como meta las formaciones de izquierda y «evitar la crispación».
«El Gobierno va a cumplir su compromiso y seguirá trabajando y reuniéndose con los grupos parlamentarios para llegar a un consenso» sostienen tras convocar un nuevo encuentro para el próximo miércoles, ya que la renuncia a la emisión de la proposición de ley antes del 31 de diciembre (compromiso que se había reflejado en el acuerdo con Podemos) no implica que se disuelva este grupo de trabajo.
La ausencia de las formación encabezada por Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados y la representada por Miriam Nogueras no fue una sorpresa para los asistentes, incluido el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, dado que los partidos ya habían avanzado a lo largo del día de ayer su posición contraria a cualquier tipo de tributo que gravara a estas compañías, como recordaron en diferentes ocasiones después de que se hiciera público el acuerdo alcanzado in extremis con Podemos.
Ausencia de PNV y Junts
PNV y Junts se desvinculan de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con Podemos y plantan al Ministerio de Hacienda en la reunión convocada este miércoles a las 17:00 horas para abordar el diseño del nuevo impuesto a las compañías energéticas al que Podemos ha vinculado su apoyo tanto a la reforma fiscal (que volverá al Congreso de los Diputados tras superar el trámite del Senado) como a los Presupuestos Generales del Estado. Este era el primer encuentro fijado por el departamento de María Jesús Montero de la comisión compuesta por sus socios parlamentarios para tratar de impulsar una proposición de ley antes de fin de año, de acuerdo con el pacto cerrado con Podemos, antes de prorrogar el gravamen temporal por real decreto-ley como también se había comprometido a hacer unos días antes con EH Bildu, ERC y BNG para salvar el dictamen de la comisión.
Su ausencia deja, por tanto, descafeinada una comisión que partía con las expectativas bajas, después de que los representantes del partido de Ione Belarra reprocharan al Ejecutivo su poca voluntad para sacar esta medida adelante ante la negativa de parte de las formaciones nacionalistas que integran la mayoría parlamentaria del PSOE. Al término de la reunión, fuentes del Ministerio de Hacienda «creen posible sacar adelante un impuesto energético que permita que las empresas de este sector contribuyan en mayor medida al Estado del bienestar» aunque admiten que «se trata de un objetivo complejo porque la realidad es que actualmente las posiciones están muy alejadas». No obstante, buscan dar una oportunidad al diálogo discreto para evitar crispación.
Este plantón al Gobierno se da a penas un día después de que el partido de Carles Puigdemont presentara junto al PP una enmienda transaccional en la ley que regula las emisiones de gases de efecto invernadero para anular la tasa a la producción de energía eléctrica y reducirlo del 7% actual a 0. Los nacionalistas vascos también se sumaron a esta propuesta, así como ERC y Vox lo que empañó las opciones de PSOE y Sumar para evitar que este punto se uniera al proyecto de ley. Los partidos que integran el Gobierno se decantaron por desconvocar la Comisión de Transición Ecológica como vía para bloquear su tramitación, tal y como las fuentes del PP habían advertido que harían. Este texto se encuentra en una fase inicial por lo que los socios exploran fórmulas para conseguir que un socio (quizás ERC) presenten un voto particular con el que modifiquen su postura y rechacen la citada enmienda en comisión.
Críticas de Podemos
Podemos ha mostrado su descontento con el desarrollo de la primera reunión para tratar la reforma del impuesto a las energéticas. Para la formación que lidera Ione Belarra la ausencia de PNV y de Junts constituye un «incumplimiento» por parte del Gobierno. No en vano el Ejecutivo se había comprometido a que ambas formaciones nacionalistas estuvieran presentes, desde el primer momento, en la negociación. En esta circunstancia, Podemos amenaza con obstaculizar la reforma fiscal, al tiempo que cierra la puerta a negociar los Presupuestos en este contexto.
La secretaria de Podemos ha emitido fuertes críticas dirigidas a PNV y Junts tras conocer que no acudirían a la cita en unas declaraciones en las que les ha acusado de ser «los cachorritos de Repsol» en lugar de defender los intereses de los ciudadanos y se ha mostrado «muy preocupada por la deriva de la legislatura». Poco antes, Nogueras había recordado en una entrevista en RNE que lo que se ha aprobado (y se tramita en el Senado) es lo acordado con Junts, mientras que el pacto con Podemos son «titulares». Hacienda consciente de este choque, trató de protegerse frente a las críticas de los catalanes al incluir en el pacto con Belarra que el impuesto recogerá deducciones para las compañías que realicen inversiones vinculadas a la descarbonización, lo que en la práctica afectaría a todas. Al tiempo que Podemos eleva la importancia de este compromiso y defiende que en el caso de incumplimiento se producirá una ruptura de su relación con el Ejecutivo, lo que dejaría en el aire sus políticas.
