Montero se encuentra sin mayoría para convalidar el decreto que prometió a Podemos, Esquerra, Bildu y BNG
Fuentes oficiales del PNV confirman a este diario que ninguno de sus parlamentarios asistirá a la reunión convocada por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y aseguran que no apoyarán el intento de prorrogar el actual gravamen en 2025, como ha prometido Montero a sus socios a la izquierda.
Al haber realizado Montero promesas contradictorias a Podemos, Esquerra, EH Bildu y BNG, por un lado, y a PNV y Junts, por otro, se encuentra en un callejón sin salida sobre un gravamen por el que ha venido recaudando más de 1.100 millones de euros al año.
La reunión de la llamada «mesa negociadora» de este miércoles era precisamente para hablar de convertir el gravamen en impuesto, o, en su defecto, de cómo prorrogarlo. Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que sólo daría tiempo ya de cara a 2025 a prorrogar el gravamen mediante un decreto sin convertirlo en impuesto, pero no tiene votos para convalidarlo. «Ahora mismo lo que hay sobre la mesa es un gravamen, y no lo apoyaremos», sentencian en el PNV. En la misma línea se pronunció este domingo en EL MUNDO la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras.
El PNV sólo aceptaba convertir el gravamen en impuesto, para poder rebajarlo en su territorio, pero al no existir ya tiempo para hacerlo, prefiere dejarlo decaer. Junts, ni siquiera aceptaba que se convirtiera en impuesto por temor a pérdida de inversiones de Repsol y otras empresas en Tarragona.
En estas circunstancias, en Hacienda ya no garantizan si lo llevará finalmente Montero al Consejo de Ministros del próximo día 23. Por un lado, es lo que prometió a sus aliados a la izquierda, pero, por otro, sabe que puede decaer en pocas semanas al no tener mayoría que lo convalide en el Congreso de los Diputados. Podemos amenaza, por su parte, con «retirar la confianza al Gobierno», si decae el impuesto.
Con esta figura tributaria ya en vía muerta, el Gobierno intenta salvar al menos el llamado Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) que suponen también más de 1200 millones de euros anuales. Fue creado en 2012 para «hacer frente al problema más importante que tiene actualmente el sector eléctrico en España: lo que se conoce como déficit tarifario», según el ministro de Industria de la época, José Manuel Soria.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) dio este martes por cerrado el cálculo y no hubo déficit, sino, de nuevo, superávit del sistema eléctrico correspondiente a 2023 y lo situó en 3.902 millones, un 706% más de lo previsto. Sin embargo, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, rechaza retirar este impuesto eléctrico, que encarece el precio de la energía en un 7% e intenta frenar al Partido Popular y Junts, que apadrinan entre otros una enmienda para suspenderlo en 2025.
«Las previsiones de la CNMC apuntan a que el ejercicio 2024 cierre prácticamente en equilibrio y según los datos del año 2025, los cargos crecerán un 30% para alcanzar el objetivo de equilibrio económico-financiero», señalan fuentes oficiales del Ministerio. «Por lo tanto, en el año 2025 la subida de cargos es necesaria», agregan. Además, atribuyen el superávit del sistema «a la inyección de Presupuestos Generales del Estado».
En contraste, la propia CNMC aprobó este martes reducir los peajes de acceso a la red en un 4% al considerar que es posible para el sistema.
