A mediados de 2023 los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT firmaron el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que estaba llamado a reimpulsar la firma de convenios colectivos tras años en los que estas conversaciones habían estado congeladas por la pandemia y la crisis de inflación. No obstante, la incertidumbre registrada en el último año por el listado de anuncios que no acaban de concretarse, como la reducción de la jornada laboral, la reforma del despido o la nueva subida del SMI, han impedido que tome velocidad de crucero.
Las mesas de negociación de los sectores o empresas abordan fundamentalmente dos aspectos, los salarios y la jornada, y ambos se ven afectados directamente por la agenda marcada por Yolanda Díaz, lo que ha dificultado que se cierren acuerdos en muchos de ellos o supuesto que estos fueran menos ambiciosos de lo previsto al inicio de las conversaciones, según apuntan a elEconomista.es representantes de los trabajadores y también de la parte empresarial.
El compromiso de reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas a la semana ha sido el que más efectos ha tenido en la negociación de los convenios a lo largo de 2024. Fuentes sindicales explican que la parte empresarial carece de incentivos para ir más allá de la jornada actual y aproximarse a esta cifra, dado que se reducirá por ley si el Gobierno consigue los apoyos necesarios. Tampoco ayuda el hecho de que el Ministerio de Trabajo haya puesto sobre la mesa ayudas a las empresas que todavía no tengan implementada la reducción que se quiere aprobar, puesto que, a fin de cuentas, supone un incentivo perverso para esperar a que se llegue a este cambio por imposición legal y no a través de un acuerdo con los representantes de los trabajadores.
El equipo de Díaz ofreció a CEOE un plan de acompañamiento a la pyme para adaptarse a los nuevos horarios y bonificar la contratación de un trabajador que se incorpore para cubrir la jornada restante, unas medidas que no gustaron a CCOO y que el Ejecutivo tiene pensado recuperar en la negociación con Junts, después de que la patronal Pimec se haya pronunciado a favor.
Las dudas respecto a cuál será la jornada laboral en los próximos años tampoco contribuyen a cerrar subidas salariales, ya que la reducción con el mismo salario supone una actualización implícita, por lo que la patronal modera las subidas a uno o dos años al no poder anticipar cuáles van a ser los costes asociados. Un aspecto al que tampoco contribuyen las recurrentes subidas del salario mínimo, que a excepción de la de 2020 no han tenido el apoyo de las organizaciones empresariales. Esta situación difiere en función de cuál sea el convenio abordado, pero en su mayoría, las tablas salariales afectan sobre todo a los sueldos más reducidos, en los que el incremento dictado por Díaz ha marcado la pauta en los últimos años.
Los tres actores implicados reconocen que las actualizaciones no afectan solo al nivel más bajo, sino al conjunto de la tabla, dado que en muchos convenios los niveles medios cada vez están más igualados con los bajos. Esto genera que a la hora de negociar un convenio, la parte empresarial no quiera ir mucho más allá de lo marcado por el IPC, la fuente a la que se suelen vincular la mayoría de incrementos, y en un contexto de evolución moderada de los precios, esto implica que las alzas se moderaron.
No obstante, se mantuvieron por encima del IPC medio, según los datos actualizados a noviembre, que apuntan a un alza del 3,74% frente al 2,8% que crecieron los precios. Si bien, es uno de los factores que explica que las organización de Antonio Garamendi no se haya sumado a los últimos acuerdos de diálogo social negociados con Trabajo.
La reforma del despido improcedente condicionará el próximo ejercicio
Uno de los argumentos que la patronal esgrimió para apartarse del acuerdo para reducir la jornada laboral por ley, fue que no sabía a qué cambios se enfrentaba en el corto plazo, dado que el Ministerio de Trabajo realiza anuncios cada poco tiempo que en muchas ocasiones no llegan a materializarse. La reforma del despido es una de ellas, Díaz se marcó este objetivo en la pasada legislatura, después lo incluyó en el acuerdo de coalición con el PSOE y tras asumir la recomendación del Consejo de Europa, lo retrasa a la segunda parte de 2025.
Este está abocado a ser el gran cambio en el marco de las relaciones laborales, dado que el Gobierno se ha comprometido tanto a «establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido» como a reforzar la causalidad en los supuestos de extinción laboral. Es decir, el Gobierno ha sentado las bases para llevar a cabo una reforma integral del despido.
Ya que por un lado, tendría que reformar el esquema de indemnizaciones para los supuestos en los que el cese se declare improcedente, donde Díaz quiere introducir variables que tengan que ver con la situación personal del empleado y del otro, reformular en qué supuestos es o no procedente un despido, después de haber reforzado en los últimos años los supuestos de nulidad. Las adaptaciones de jornada, el teletrabajo o las bajas médicas han pasado a estar protegidas bajo este paraguas, lo que está conduciendo a mucha litigiosidad y los bufetes especializados demandan que se clarifique la doctrina e idealmente, la norma.
Los planes del Ministerio de Trabajo pasan por mandar al Congreso de los Diputados el acuerdo firmado con los sindicatos para reducir la jornada laboral, poner en marcha la próxima subida del SMI y después poner sobre la mesa esta reforma del despido. Si bien, no es la única materia en el tintero. El Ejecutivo tiene pendiente aprobar el Estatuto del Becario y trasponer varias directivas, como la de salarios mínimos. Además, quiere introducir a los representantes de los trabajadores en los consejos de administración emulando el modelo alemán de dirección empresarial, un punto que no ha asumido el PSOE.
