El Gobierno recuperó, mediante Decreto-ley, el gravamen temporal a las energéticas en el último Consejo de Ministros pese a no tener garantizados los apoyos de Junts y PNV para convalidarlo en el Congreso. En esta situación, ante la posibilidad de que el gravamen decaiga antes de que acabe enero, Hacienda intenta ganar tiempo para negociar un futuro proyecto de ley y demora de febrero a junio el primer pago de la tasa.
Esta decisión representa un cambio de calado en el funcionamiento que presenta este impuesto, desde su creación en 2022. Hasta ahora, las energéticas tenían que pagar en los 20 primeros días de septiembre (algo que ahora se mantiene), pero adelantando el 50% de la liquidación en febrero, una ventana que el Gobierno retrasa ahora cuatro meses. De este modo evita la inseguridad jurídica que supondría hacer efectivo el pago en febrero de un impuesto que ahora mismo está en riesgo de ser derogado, y cuya liquidación podría impugnarse.
Con este cambio, la cartera de María Jesús Montero gana cinco meses para despejar la incógnita de si se mantiene o no la obligación de pago, esto es, si los diputados convalidan el Real Decreto-ley aprobado antes de fin de año, y si después se fijan nuevas condiciones o exenciones en la tramitación parlamentaria. Así se concreta en la redacción del Real Decreto-ley publicada en el BOE, en el que se detalla que «las personas o entidades obligadas deberán ingresar durante los primeros veinte días naturales del mes de junio de 2025, en concepto de pago anticipado de dicha prestación, el resultado de multiplicar el porcentaje del 50% sobre el importe de la prestación». Es decir, las compañías tendrán que abonar la mitad de la cuota antes del verano si la Cámara Baja apoya esta norma.
Para el primer paso, tiene apenas 30 días desde el día de su publicación en el BOE (24 de diciembre) con objeto de conseguir los apoyos de los grupos nacionalistas de derecha o de lo contrario, quedará anulado. En cambio, una vez superado este escollo los tiempos serían flexibles y estarían determinados por la voluntad política de sacarlo adelante por ley y darle forma de impuesto, ya que actualmente es una «prestación patrimonial de carácter público no tributaria». Esta conversión permitiría, además, que fuera concertado o conveniado con las haciendas forales, un objetivo que persiguen tanto Oskar Matute como Aitor Esteban y esquivar cuestionamientos de inconstitucionalidad, puesto que el Alto Tribunal ya ha señalado que los decretos no son la vía adecuada para generar tributos.
No obstante, es previsible que si el PSOE consigue cerrar un pacto con Junts y PNV para convalidar el Real Decreto-ley, este estará ligado a la forma que tomará una vez sea tramitado como proyecto de ley, por lo que estos meses serían suficientes para aprobar la nueva redacción, al menos en el Congreso. El PP ha manifestado repetidamente su oposición a cualquier subida de impuestos, por lo que en este escenario presentaría un veto en el Senado que retrasaría su aprobación definitiva. La formación de Alberto Núñez Feijóo fue la impulsora de una disposición adicional a la reforma fiscal que anulaba el gravamen temporal y que recibió el respaldo de las dos formaciones a las que ahora trata de seducir el Ejecutivo.
Si bien, podría suceder todo lo contrario, ya que las bonificaciones de hasta el 60% podrían no convencer a Junts, que no quiere perjudicar las inversiones en Cataluña o no ser suficientes para que el PNV se preste a convalidar un gravamen que mientras sea temporal no recaudarán las haciendas forales. En este escenario, la cuota no llegaría a recaudarse por lo que Montero se evitaría en cualquier caso los problemas mayores derivados de recaudar un impuesto que después es anulado. El Estado tendría que devolverlo después con intereses, puesto que sería calificado como un impuesto indebido. Es por ello que en ningún momento se ha planteado adelantar este primer desembolso de las compañías energéticas.
Negociación antes del 23 de enero
Habitualmente, ni el Congreso ni el Senado tienen sesiones en el mes de enero, sin embargo, existe la posibilidad de citar a los diputados de forma extraordinaria, como habrá que hacer en el arranque de 2025. Esto se debe a que la Constitución da un plazo de 30 días a la Cámara Baja (a contar desde su publicación en el BOE) en el que se tiene que pronunciar sobre el Real Decreto-ley aprobado el pasado 23 de diciembre, ya sea para convalidarlo o derogarlo, lo que obliga a convocar expresamente para eso una sesión.
Este es el margen con el que cuenta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para convencer a los dos grupos que suelen votar con el bloque de investidura pero que se han mostrado muy críticos con el mantenimiento de un impuesto específico que grave al sector. Desde la aprobación del decreto, los contactos formales se han visto interrumpidos por el descanso de Navidad, tras semanas en las que la relación entre esta cartera y los dos grupos ha sido tensa, pese a sí haberse mostrado abiertos para negociar los Presupuestos Generales.
El equipo de Hacienda montó un grupo de Trabajo que surgía del acuerdo sellado con Podemos para atar su apoyo a la reforma fiscal. Se produjo una primera reunión en la que se ausentaron los nacionalistas vascos y catalanes más próximos al entorno empresarial. Al segundo encuentro ni siquiera acudieron los morados, que tachan de rota la relación con el PSOE por no haber conseguido que Junts y PNV se sentaran a negociar el diseño del impuesto permanente.
De esta segunda cita salió un nuevo acuerdo suscrito por Hacienda con Bildu, ERC y BNG en el que se comprometían a tramitar como proyecto de ley el Real Decreto-ley e incluir las bonificaciones reclamadas por otros grupos, algo que destacaron en una nota de prensa como un gesto de que estaban dispuesto a cerrar acuerdos amplios. En paralelo, el PP forzaba la derogación del gravamen temporal y obligaba a reaprobarlo en lugar de prorrogarlo, un cambio al que fuentes gubernamentales quitaron peso. Y en cambio, congelaban el plan B: la homologación fiscal del diésel a la gasolina que no gusta a Belarra si no va ligada al gravamen energético.
