El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el acuerdo para tramitar de forma urgente el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en promedio anual. Este será el pistoletazo de salida para la materialización del acuerdo suscrito con los sindicatos a finales del año pasado y al que la patronal se opone radicalmente, por lo que todas las miradas se posan en Junts, que tendrá la llave de su aprobación en el Congreso de los Diputados. Hace casi un año, en plena negociación, las organizaciones empresariales trasladaron que Carles Puigdemont les había garantizado su rechazo a la medida estrella de Yolanda Díaz, sin embargo, los últimos movimientos del partido han sembrado la duda en diferentes patronales consultadas por elEconomista.es.
Los empresarios coinciden en señalar la actuación de Junts como «imprevisible» y sitúan como escenario cada vez más probable que sus siete representantes respalden el cambio legal en este contexto de pactos cruzados. El voto a favor podría darse a cambio de ayudas concretas a las pequeñas y medianas empresas, que se verían especialmente afectadas por este cambio, como viene señalando en los últimos meses el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, u otro tipo de concesiones que beneficien a Cataluña. El registro horario es otro de los puntos que más preocupan a los empresarios y en el que podían buscar una excepción para las plantillas más reducidas. Esta negociación podría incluso vincularse a la de los próximos Presupuestos Generales del Estado, dados los tiempos medios de tramitación de los proyectos de ley, podría llegar hasta después del verano pese a ser calificado como urgente por la mesa.
Desde el Ministerio de Trabajo admiten que ya han iniciado los contactos con los grupos parlamentarios para sondear los apoyos, si bien, las fuentes consultadas apuntan a que tienen pendiente tocar la puerta de Junts para abordar la reducción de jornada desde el acuerdo para salvar el grueso del decreto ómnibus. No obstante, el Gobierno se muestra confiado respecto a que podrá sacar adelante la medida, a pesar de la presión que ejercen los empresarios en público y en privado con el objetivo de convencer tanto al partido catalán como al PNV, que se abrió a respaldar la medida.
Las fuentes empresariales sondeadas no tienen constancia de que se haya producido un cambio en las intenciones de la formación catalana, sin embargo, aprecian que los últimos acuerdos alcanzados con el Ejecutivo central responden a cuestiones estratégicas con las que no buscan necesariamente favorecer a los empresarios. Esto les lleva a pensar que la contrapartida podría ser totalmente ajena a la medida, como ha sucedido recientemente con su proposición no de ley sobre la cuestión de confianza.
Es por ello que tanto CEOE como las patronales sectoriales y territoriales -especialmente las catalanas Foment del Treball y Pimec- tienen previsto redoblar los esfuerzos para persuadir a los grupos nacionalistas más próximos a sus intereses, después de que tanto Junts como PNV se mostraran a favor de abrir este debate en el Congreso hace casi un año, cuando Sumar impulsó una proposición al respecto. Entonces el catalán Josep María Cervera instó a no dar por sentado el voto favorable de su formación, pese a calificar el debate como «fundamental». Los nacionalistas vascos, en paralelo, apelaron al socio minoritario del Gobierno a impulsar un proyecto de ley sobre el que pudieran trabajar, con el objetivo de reducir los efectos que este cambio pudiera tener en las pequeñas y medianas empresas.
Esta es la principal baza con la que busca jugar el Ejecutivo, que desde la firma del acuerdo con los sindicatos daba por sentado que rescataría las ayudas ofrecidas a las patronales de Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva en la negociación de las 37,5 horas. De hecho era uno de los argumentos que empleó Trabajo para posicionarse en contra de la voluntad de Economía de incluir estas contrapartidas en el texto que enviaran a la Cámara Baja. Díaz ofreció ayudas directas para microempresas de hasta 6.000 euros y bonificar la contratación del empleado que incorporasen a la plantilla para cubrir las horas que quedaban desiertas. También puso sobre la mesa un plan de acompañamiento para que las pymes ganasen productividad con esta reducción de jornada, que no convenció a los negociadores.
Los sindicatos también daban por hecho estos cambios pese a no compartir algunas de las fórmulas por considerar que podrían operar como un desincentivo a la negociación colectiva y se muestran optimistas respecto al voto de Junts. El propio Pepe Álvarez (UGT) visitó a Puigdemont en diciembre para propiciar este cambio y aseguró ver un cambio de tono en el político, pese a que fuentes parlamentarias explican que aún no están en esto.
De acuerdo con los plazos que manejan estos interlocutores, el anteproyecto de ley con la reducción podría ser aprobado en tres semanas en Consejo de Ministros, lo que permitiría que llegara a la Cámara Baja en los últimos días de febrero o a comienzos de marzo. Una vez allí, los grupos mostrarán sus cartas en el debate de enmiendas a la totalidad y Díaz tratará de que quede aprobada antes del 31 de diciembre fijado en el acuerdo sindical.
Los empresarios catalanes dieron su ‘no’
La ministra de Trabajo visitó Barcelona en septiembre para reunirse tanto con Foment del Treball como con Pimec con el fin de reunir su apoyo a la reducción de jornada y viciar así el voto de Junts. En estos encuentros participaron diferentes representantes sectoriales junto a los que las dos patronales rechazaron su rechazo a la propuesta de la reducción de jornada. Sánchez Llibre mostró una posición totalmente alineada con CEOE, por lo que se negó a cualquier cambio que se imponga por ley, mientras que la patronal de Antoni Cañete hizo una batería de propuestas con las que compensar su efecto que no fueron añadidas al pacto, como incentivos o bonificaciones a la Seguridad Social o la posibilidad de repercutir los costes en contratos públicos.
