La UCO certifica que emitió tres resoluciones que beneficiaron a Villafuel, la empresa que defraudó 231 millones
Publicado: 11/03/2025 • 04:30
El Gobierno insiste: el Ministerio para la Transición Ecológica no otorga «ninguna autorización» a las operadoras de hidrocarburos. Una versión que contradicen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que subraya que el departamento que entonces dirigía Teresa Ribera, actual comisaria europea de Competencia, emitió «diversas resoluciones» que favorecieron la actividad de Villafuel, la empresa de la trama que «codirigía» el empresario Víctor de Aldama y que está considerada como el epicentro de un fraude millonario. El juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional ya ha pedido el expediente.
El PP preguntó en el Congreso por el papel que desempeñó Transición Ecológica en la autorización como operador que recibió Villafuel el 15 de septiembre de 2022, cuando Ribera era ministra. En la respuesta a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, fechada el pasado 12 de febrero, el Gobierno sostiene que el Ministerio «no otorga ninguna autorización en esta actividad, ya que está sometida a un régimen de declaración responsable en los términos establecidos en el artículo 42 de la ley del sector de hidrocarburos».
La UCO contradice esa versión al certificar que Transición Ecológica emitió tres resoluciones que favorecieron la actividad de Villafuel, la empresa con la que la trama liderada por Aldama y Claudio Rivas habrían defraudado al menos 231 millones de euros. El departamento que dirigía Ribera aprobó el 9 de septiembre de 2022 la previsión de ventas para el primer año de actividad comercial como operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos.
Advertencia a Ribera
Los investigadores también han acreditado que Transición Ecológica ratificó el plan de ventas de Villafuel, la comunicación de este y «el inicio de la actividad como operador mayorista de Villafuel desde el 15 de septiembre de 2022, remitido a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) y al director de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)».
Transición Ecológica habilitó a Villafuel como operador al por mayor de productos petrolíferos el 15 de septiembre de 2022. Lo hizo tras dar por cumplidos los requisitos que exige la ley «tras la subsanación documental remitida al Ministerio el 18 de julio de 2022». La semana pasada, el juez que investiga el supuesto fraude en la Audiencia Nacional encargó a la UCO que recabara el expediente que el departamento de Ribera expidió para autorizar las operaciones de la compañía.
El Gobierno insiste en su respuesta al PP que Transición Ecológica recibió la comunicación para iniciar los trámites el 8 de enero de 2021 y que no autorizó el inicio de la actividad hasta que pasaron «más de 600 días, cuando la media en los últimos cinco años es de 230». Una información que desmiente el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el pasado 6 de febrero, en el que se inhabilitaba a la compañía. La orden revela que Villafuel solicitó permiso para acceder al negocio de los hidrocarburos en dos ocasiones.
La primera vez que Villafuel solicitó la licencia como operador fue en enero de 2021, pero se le denegó en diciembre de ese año. La segunda tuvo lugar en julio de 2022, solo dos meses antes de que la obtuviera. El plazo es diez veces menor al que ofrece el Gobierno en su intento por eximir a Ribera. Los investigadores sospechan que, para lograr el permiso, Aldama recurrió al exministro José Luis Ábalos a través de su asesor, Koldo García. Estos le habrían ayudado a conseguir reuniones con el jefe de Gabinete de la entonces ministra de Industria, que tenía que dar el visto bueno a Transición Ecológica.
Aumento de las ventas
Cores ya advirtió el 17 de mayo de 2023 al director general de Política Energética, Manuel García Hernández, subordinado de Ribera, de que Villafuel superaba notablemente la previsión de ventas aprobada. «La empresa ha declarado ventas durante los meses de septiembre de 2022 a marzo de 2023 y, en el total acumulado a dicha fecha, se ha superado la previsión de ventas aprobada por el Ministerio en un 29% en el grupo de las gasolinas y en un 882% en el grupo de los destilados medios (diesel y otros derivados)», subrayaba el escrito.
La Dirección General de Política Energética comunicó un día después a Villafuel una propuesta para revisar la estimación de ventas o consumos aprobados para el primer año de actividad. El texto otorgaba a la operadora de la trama dirigida por Aldama un plazo de diez días para formular alegaciones tras «haberse superado entre los meses de septiembre de 2022 a marzo de 2023 la previsión de ventas».
El 6 de junio, el departamento de García Hernández emitió una resolución para cambiar la estimación y obligó a la operadora a cumplir con sus obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad durante los primeros 15 meses de actividad. Cuando Cores envió la comunicación a García Hernández, la UCO ya llevaba meses rastreando a Villafuel. Comenzó a hacerlo a finales de 2022 alertada por los impagos del IVA de los hidrocarburos. La operación culminó el 7 de octubre con la detención de 11 personas, entre ellas Aldama y Rivas.
El pasado jueves, el magistrado Santiago Pedraz encargó a la UCO que recabara el expediente por el que Transición Ecológica dio la licencia a Villafuel. La Guardia Civil ya requirió al departamento que dirigía Ribera información sobre la trama de hidrocarburos. Lo hizo seis días antes de las elecciones europeas, a las que la actual vicepresidente de la Comisión Europea acudía como cabeza de lista en la candidatura del PSOE.
