La trama del diésel se valió de proveedores en España porque era incapaz de importar en los mercados internacionales, ya fuera a través del mercado de Rotterdam (a precio diario) o trayendo barcos con producto. Para ello, Villafuel -la principal empresa del caso de los hidrocarburos– compró dentro del depósito fiscal a varias compañías en España durante su breve vida en el sector (desde el cuarto trimestre de 2022 hasta el primer trimestre de 2025).

No obstante, uno de los cabecillas de la trama, Víctor de Aldama, planteó ante el juez de la Audiencia Nacional, cuando fue preguntado por su función en Villafuel, un escenario distinto. «Queríamos con el título de operador traer barcos de producto (sobre todo diésel) a España. Y tuvimos reuniones con Q8 (la operadora de Kuwait), Repsol y con diferentes proveedores internacionales con refinerías en Turquía para introducir ese combustible en Exolum (antigua CLH)».

Pese a esta declaración de Aldama, fuentes conocedoras apuntan a este periódico que Villafuel nunca ha tenido capacidad para importar. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, por una cuestión económica: traer un barco cuesta varias decenas de millones, y la trama no tenía el músculo financiero suficiente para ejecutarlo o conseguir un préstamo de un banco. En segundo lugar, en el hipotético caso de que hubieran optado por comprar en el mercado internacional a precio spot (una opción más barata que la del barco), hubiesen necesitado capacidad para almacenarlo, requisito con el que tampoco cumplían.

De esta forma, todo el negocio se limitó a la compra de combustible dentro del depósito fiscal para su posterior venta fuera de este. Un tipo de operación por el cual una operadora actúa como un trader. La facturación suele ser alta, pero los márgenes son reducidos. Tal y como ha quedado acreditado en el sumario de la Guardia Civil sobre el caso de los hidrocarburos, Villafuel fue dada de baja en el Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales) a partir del primer trimestre de 2024 y quedó inhabilitada definitivamente en febrero de 2025, como así se puede comprobar en los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La empresa de la trama apenas llamaba la atención dentro del sector. Según ha podido saber este periódico, rechazaba ofertas de operadores sobre compra de combustible a precio de mercado por considerarlas «muy caras», y luego en el mercado no eran fácil de ver sus tarifas (con las que vendían el diésel ya comprado), dando la sensación de que tenían sus ventas pactadas.

Por otro lado, Aldama, durante su intervención en el juicio de la Audiencia Nacional, señaló ante el juez que «su relación con el petróleo no venía de las empresas Have Got Time y Villafuel, sino desde 2008 a través de un contrato con una compañía que compró dos bloques de petróleo en Nigeria, y que además su relación con Venezuela venía de esos años, vinculado también con el tema del petróleo».

Reparto de culpas

La Justicia busca responsables por la trama de los hidrocarburos del conocido como caso Koldo. La UCO ha resumido en sus informes (que ocupan cientos de páginas) el presunto caso de corrupción por el que se investiga a la operadora de hidrocarburos Villafuel, a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas (entre otros) y a otras empresas vinculadas.

En este escenario, los proveedores de diésel de la trama lo tienen claro y señalan al Gobierno. «Ellos les dieron la licencia y nosotros le vendimos, no es nuestro problema», apuntan algunos vendedores de diésel de Villafuel a THE OBJECTIVE. Una afirmación con la que tratan de evitar cualquier responsabilidad que pueda existir por alimentar dicho fraude. La UCO, en atestados de otros casos de fraude de hidrocarburos, ha puesto el foco en este tipo de actuaciones por parte de las compañías.

Hace unos días, el magistrado que investiga el caso por el supuesto fraude de al menos 231 millones de euros apuntó al Gobierno. Así, encargó a la UCO que recabase el expediente por el que el Ministerio de Transición Ecológica dio una licencia de operadora de hidrocarburos a Villafuel en septiembre de 2022. Cuando se otorgó la licencia a Villafuel aún no existía el Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales), que se explicó por el Ejecutivo como un «obstáculo» para evitar el fraude, ya que sería necesario no solo el sí de Transición Ecológica, sino además el de Hacienda.