La Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una trama de hidrocarburos que habría provocado un agujero a la Agencia Tributaria de 74 millones de euros. El epicentro de la red es una mercantil llamada Tradea Bros SL que logró en octubre de 2020 la licencia de operador mayorista de combustibles del Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera, según el registro oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La organización fue desarticulada en noviembre de 2023 por orden del Juzgado Central de Instrucción número 3, aunque el procedimiento se mantenía en secreto hasta ahora. Temporalmente, el grupo actuó entre la red de la operación Gaslow, desmantelada en 2019 tras dejar un fraude de 110 millones de euros, y el posterior caso Hidrocarburos, de octubre de 2024, que gira en torno a otra operadora que la licencia del Ministerio de Ribera, Villafuel SL, para estafar otros 182 millones.

La trama conocida ahora compartía clientes con las dos redes anteriores presuntamente lideradas por el empresario Claudio Rivas, vinculado con el caso Koldo, pero las diligencias afectan a una estructura completamente autónoma. El grupo se implantó en casi todo el territorio nacional. Hay 13 imputados con mercantiles en las provincias de Lérida, Huesca, Madrid, Pontevedra, Barcelona, Salamanca, Orense y Ciudad Real, según han explicado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

La red se dedicaba a la venta mayorista, aunque contaba con una red de gasolineras low cost. Uno de los investigados, O.P.C., aparece individualmente en la lista de morosos de Hacienda de 2024 con una deuda de 606.162 euros. Otros encausados ejercían únicamente como testaferros de los cabecillas. También están investigadas, como personas jurídicas, las sociedades Cyloil SL, Smart Invest Solutions SL, DPC Oil 33 SL y Seroil SL, además de la propia operadora Tradea Bros SL.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los imputados los delitos de integración en organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Según las diligencias, compraban grandes cantidades de combustible y las colocaban en el mercado en tiempo récord a precios de derribo. Su oferta era imbatible porque no pagaban el IVA de la gasolina. Para huir de la Agencia Tributaria, cambiaban de mercantiles como si fueran servilletas. Una parte de la estructura se dedicaba en exclusiva a lavar sus beneficios.

La cifra de 74 millones de euros presuntamente defraudados es provisional. Los investigadores advierten de que la cifra definitiva será previsiblemente mucho más alta. La CNMC no dio de baja la licencia de Tradea Bros SL hasta diciembre de 2023, semanas después de los registros y detenciones de la UCO y más de tres años después de que el Ministerio de Transición Ecológica le permitiera intermediar con hidrocarburos.

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