Nueva estación de servicio, que surge como ampliación del lavadero de coches. /
La junta de gobierno acuerda «retrotraer» la licencia a la fase de alegaciones de los vecinos, pero solo para los que linden con la parcela
Viernes, 17 mayo 2019, 02:11
La contestada construcción de una gasolinera junto al lavadero de coches de Viesques, que varias comunidades de la zona pretenden llevar a los tribunales, ha quedado paralizada de manera «temporal». El motivo, la decisión de la junta de gobierno del Ayuntamiento de revisar la tramitación de la licencia de obras que había concedido a la empresa, para atender las reclamaciones de los vecinos. Si bien la autorización no ha sido revocada, sí queda en suspenso «su eficacia». Y permanecerá en este estado hasta que «se subsane la falta de notificación personal» a los residentes más próximos a la nueva estación de servicio, instalación que, por otra parte, ya está prácticamente completada.
Los abogados de las comunidades vecinas advirtieron hace tiempo al Ayuntamiento de que en la concesión de la licencia se había obviado un paso imprescindible para dar cumplimiento al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), que es informar de forma directa y expresa de la existencia de ese proyecto a todos y cada uno de los residentes del entorno, y no limitarse únicamente a su publicación en el tablón de anuncios municipal. Este defecto de forma, señalaban, sería suficiente para tumbar la obra en los tribunales, pues el incumplimiento de un trámite «obligatorio» habría generado una situación de «indefensión» entre los vecinos, que no habían podido presentar alegaciones al no tener conocimiento de la obra en tiempo y forma. «Si se vuelve al principio, las comunidades podrán presentar informes técnicos sobre la idoneidad del proyecto», indicaron. Y es precisamente a ese principio a donde se vuelve ahora tras el acuerdo de la junta de gobierno.
La solución, no obstante, sigue sin ser plenamente satisfactoria para quienes se oponen a la gasolinera. En la orden de «suspensión de eficacia» de la licencia de obras y de instalación se indica que para seguir adelante el proyecto tiene que ser notificado «a los vecinos de la parcela colindante y a los ya personados en el expediente». Serán por tanto ellos y la empresa promotora de la obra quienes puedan presentar alegaciones.
«El Ayuntamiento reconoce que no se ha seguido el procedimiento reglamentario, pero escoge a qué vecinos notificar el proyecto», criticó ayer Laura Llano, una de las abogadas que representa a los residentes de la zona. «El Raminp dice que la notificación ha de hacerse a los vecinos ‘inmediatos’. Y eso no es lo mismo que los ‘colindantes’, porque entonces únicamente lo harán con el chalé que limita físicamente con los terrenos de la gasolinera, cuando alrededor hay al menos siete comunidades que, por proximidad, también están afectadas y que quedan privadas de su posibilidad de defensa». Llano manifestó que los vecinos siguen dispuestos a recurrir a la vía judicial, la misma que ya ha iniciado una de las comunidades en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
