Las negociaciones entre el Gobierno de Baleares y el central sobre la constitucionalidad de la prohibición a la circulación de los vehículos nuevos diésel en 2025 siguen abiertas, estando todavía encima de la mesa la posibilidad de recurrir la Ley de Cambio Climático autonómica ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo balear, no obstante, buscará evitar ese desenlance convenciendo del encaje legal de su propuesta con la regulación estatal de las zonas de bajas emisiones de los municipios de más de 50.000 habitantes.
Reunión en Madrid, el 22 de octubre, (de izquierda a derecha) entre el director general de Energía de Baleares, Aitor Urresti; el consejero de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes; la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; y el director del IDAE, Joan Groizard.