La investigación judicial abierta por un presunto delito de fraude en el cobro de subvenciones públicas y falsedad documental que se ha abierto contra la patronal catalana Pimec y la asociación de autónomos Uatae salpica ya a dos de los cuatro vicepresidentes de Conpymes, María José Landaburu y Antonio Cañete. Impulsada desde el Gobierno, Conpymes es la de la pequeña y mediana empresa que intenta competir con Cepyme y que contó en su lanzamiento con el respaldo no solo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sino también con el de Begoña Gómez, la mujer del presidente, Pedro Sánchez.
Inicialmente, la investigación se centró solo en una presunta irregularidad en el cobro de subvenciones cometida en 2021, pero la titular del juzgado de instrucción número 17 de Madrid ha ampliado ahora las diligencias para esclarecer si no se trata de un hecho puntual sino de una actuación sistemática a lo largo de los últimos años, pudiendo haber también fraude tanto en 2020 como en 2022.
Todo parte de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Madrid en la que aseguraba que Uatae habría recibido una subvención irregular en 2021 gracias a la ayuda de Pimec por un importe de 266.131 euros, el doble de lo que le hubiera correspondido en realidad. En las bases de las subvenciones se estipulaba que los beneficiarios de las mismas tenían que ser asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal, y de carácter intersectorial, que estuvieran inscritas en el Reapta, el registro que las agrupa, dependiendo el importe final a recibir del número de empleados.
Una actuación concertada
La Fiscalía denunció, en concreto, que Uatae utilizó un certificado de Pimec en el que aportaba toda su plantilla para inflar así el importe de las ayudas. Aunque desde la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña insisten en que ese documento está falsificado y que su deseo es que se investiguen hasta el final los hechos, el fiscal no piensa lo mismo. «Los denunciados llevaron a cabo, concertadamente, la realización de distintos actos fraudulentos dirigidos a obtener indebidamente un importe superior al que legalmente les correspondía», aseguraba en su denuncia.
Según las fuentes jurídicas consultadas, a la espera de un recurso presentado por Uatae, la jueza ha ampliado la investigación para esclarecer si trata de una «actuación sistemática y reincidente y no de un hecho aislado». La clave podría estar en un documento anterior, correspondiente a 2020 y que está firmado por Antoni Cañete, secretario general entonces de Pimec, en el que certificaba la presencia de autónomos entre sus asociados. Lo que se trata de esclarecer así es si Uatae ha estado utilizando de forma continuada a los trabajadores de las organizaciones patronales y presentando la documentación que le facilitan para engordar las ayudas.
En 2020, en concreto, Uatae habría computado 148 trabajadores de Pimec y hasta 6 de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca, lo que supone el 78,53% del total. Según explican las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, «las patronales no pueden estar en el mismo registro ni pueden ser consideradas organizaciones de autónomos, por lo que se estaría cometiendo un fraude al contabilizar sus empleados». De acuerdo siempre con estas fuentes, si se confirmara ahora la existencia de un posible fraude entre los años 2020 y 2022, los importes obtenidos de forma irregular podrían ascender en su conjunto a más de 300.000 euros.
La reacción de Trabajo
El pasado mes de marzo, a los pocos días de que se conociera la investigación judicial contra Uatae y Pimec, el Ministerio de Trabajo lanzó a consulta pública el texto para elaborar una nueva orden de bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la promoción del trabajo autónomo y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones que les agrupan. Desde Trabajo resaltan la necesidad de cambiar la Orden de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a autónomos para su adecuación a las novedades introducidas por normas posteriores, con el objetivo de favorecer la objetividad y la transparencia en la gestión de las subvenciones, así como la eficacia en la consecución de sus fines, del instrumento normativo y del empleo de los créditos asignados.
Además, Trabajo argumenta la necesidad sacar adelante una nueva orden para adecuarla a la nueva estructura del Ministerio aprobada en el Real Decreto del pasado 5 de diciembre que disgregó en dos la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. La Dirección General de Trabajo Autónomo pasó a depender de la Secretaría de Estado de Trabajo, mientras que la Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas pasó a depender de la Secretaría de Estado de Economía Social.
