La continuidad de la única plataforma petrolífera que opera en España, responsable de explotar el histórico yacimiento de Casablanca (Tarragona), corre serio peligro. Su propietaria, Repsol, solicitó la renovación de la licencia de esta infraestructura, pero el silencio administrativo del Gobierno durante el último año hace que todo quede en manos del Consejo de Ministros de pasado mañana.

Precisamente, es en el ámbito económico donde menos justificaciones se pueden hallar para dictar la clausura. Cerrar esta plataforma supone renunciar a 120 puestos de trabajo altamente cualificados, a los que hay que sumar los empleos indirectos que se ocupan del transporte, la logística y los suministros que necesita una infraestructura que nunca dejó de ser rentable.

De hecho, Casablanca proporciona aún 2.000 barriles de petróleo diarios que, si no se extraen de allí, tendrán que ser importados, lo que aumentará la ya elevada dependencia exterior que España presenta en este ámbito. Sólo los prejuicios ideológicos explican el afán de que la plataforma deje de estar operativa, lo que constituye un grave error. Ningún argumento científico o económico justifica que se demonicen los combustibles fósiles, una fuente de energía a la que ningún país avanzado puede renunciar de forma drástica.