- La normativa irá por la vía de urgencia para acelerar su trámite parlamentario
El Gobierno dio luz verde ayer al proyecto de ley que persigue reducir los beneficios de las centrales eléctricas hidráulicas, nucleares y eólicas anteriores a 2003, y que están ya amortizadas, con el objetivo de aliviar la factura eléctrica de consumidores e industria. Esto se ha producido después de que en la subasta del lunes se registrara el tercer precio más alto de la historia: 103,07 euros el megavatio hora (Mwh). Una situación que está lejos de ser una excepción, el pasado 21 de julio se batieron todos los récord al alcanzarse los 106,57 euros.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostró optimista durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto que confía con contar con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias. A esta ley se le sumarán el resto de medidas aprobadas por el Gobierno en las últimas semanas como la rebaja del IVA del 21% al 10% o la suspensión del impuesto a la generación.
Ribera quiso dejar claro que la máxima prioridad del Gobierno es «aliviar el bolsillo del consumidor» en un momento de precios de la luz disparados. También pronunció sobre las cuentas de resultados de las eléctricas y fue tajante: «No es momento de maximizar beneficios».
La ministra indicó que el texto que se remite al Congreso de los Diputados, después de un anteproyecto que provocó el levantamiento en contra de las grandes eléctricas a la propuesta, introduce modificaciones que recogen las «observaciones y comentarios de los distintos actores», así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado para «garantizar su solvencia y rigor». El texto, que se remitirá al Congreso, incorporará cambios para introducir aportaciones de los agentes implicados, como, por ejemplo, establecer un precio mínimo del CO2 (20 euros por tonelada) a partir del cual se activará el mecanismo, con el fin de garantizar la rentabilidad y viabilidad de las plantas, según Ribera.
«No es momento de maximizar beneficios»
La norma plantea recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE, que creó el mercado europeo de CO2 en 2003 (inicialmente se fijó 2005 como referencia).
Para determinar la cuantía del dividendo de carbono a detraer, el borrador normativo recoge una fórmula matemática que tiene en cuenta elementos como la producción eléctrica de las instalaciones afectadas y el precio del CO2 en el ETS, a partir de su valor medio desde que el mercado se reformó en 2017 hasta la actualidad.
La norma coincidirá en el Congreso con el proyecto de ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que cargará parte de las primas a las renovables a gasistas y petroleras.
