La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado este jueves su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal, las bajas laborales, para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. Con la regulación actual, el tiempo en el que un trabajador está de baja médica no es posible trabajar, pues la prestación, en ese caso, sería denegada, anulada o suspendida.
En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, Saiz ha explicado que, desde «la voluntariedad y la garantía de la salud y la seguridad», habrá supuestos en los que algunas personas de baja puedan incorporarse a trabajar.
La ministra ha comparado esta reforma con la abordada recientemente en el ámbito de las pensiones para dar más opciones a quién lo desea para compatibilizar trabajo y pensión. De este modo, funcionará como una especie de baja flexible que permitirá la reincorporación parcial al empleo, no de forma abrupta como sucede actualmente.
Saiz ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones pero no en la otra. «Dar más flexibilidad (…) que no sea estar de baja o de alta«, ha explicado Saiz. La ministra argumenta, respecto a la pluriactividad, que «hay personas que pueden estar en una situación de baja para una actividad, sin embargo, para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos».
La ministra ha subrayado que la reforma se abordará con la creación de un grupo de trabajo y en el marco del diálogo social y «desde el consenso» para adecuar la incapacidad temporal a la nueva realidad. «Hemos hecho que ese tránsito, desde la voluntariedad, pueda ser más flexible. Lo mismo en la incapacidad temporal», ha indicado.
Este aspecto quedó pendiente en el último pacto de pensiones con el objetivo de analizar la evolución de la incapacidad temporal y sus prestaciones, un tema que preocupa a agentes sociales y Gobierno, recuerdan desde Inclusión.
Desde el sindicato UGT han valorado a elEconomista.es el anuncio del Gobierno con cautela. «Debemos centrarnos en el origen de las bajas con el objetivo de prevenir mucho más y mejor de como se está haciendo en la actualidad. Luego debemos hacer hincapié en su diagnóstico, tratamiento y curación para que las personas reciban toda la atención a la que tienen derecho -incluida la situación de incapacidad temporal que sea precisa- y recuperen totalmente la salud», opinan.
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«Lo que se encierra en esta ‘flexibilidad’ es una especie de compatibilidad entre capacidad e incapacidad laboral. Veremos que nos presentan, pero conceptualmente nos parece muy complicado que en un mismo paciente se den ambas situaciones a la vez», apuntan respecto a la propuesta.
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha indicado a Europa Press que «no se debe transmitir incertidumbre alguna» sobre su situación a personas que se encuentran en situaciones de incapacidad temporal. «Hablar de voluntariedad en esas situaciones genera muchas dudas. Si hay una situación de IT, y el facultativo que dirige el proceso de recuperación considera que debe mantenerse, es chocante una propuesta como esa», ha señalado Bravo, que no considera «razonable» la propuesta sin informar a los agentes sociales.
Las bajas cobran especial importancia si se observa el desembolso que afronta la Seguridad Social desde la pandemia. Este impacto, unido a las listas de espera que colapsan la sanidad pública, ha derivado en un mayor papel de las mutuas colaboradoras para gestionar este tipo de bajas en los casos traumatológicos.
El gasto en subsidios de incapacidad temporal (IT) se disparó un 17,6% en los ocho primeros meses de 2024, hasta los 10.422 millones de euros. La factura de las bajas temporales ya representa en ocho meses el 86% del Presupuesto estimado para todo el ejercicio. No obstante, esta previsión de gasto se ha visto desbordada y las bajas laborales han obligado a la Seguridad Social a revisar el presupuesto de esta partida en 3.200 millones al alza.
Bravo ha explicado que el incremento del gasto en IT tiene diversas causas, entre ellas, el aumento de la población trabajadora, la mayor edad media de los trabajadores y la demora en la respuesta de los servicios públicos de salud, «que necesitan reforzar su financiación en general y, singularmente su capacidad en atención primaria, especializada, pruebas diagnósticas, rehabilitación y cirugías».
Nueva mesa de diálogo con los autónomos
Junto a esto, la ministra ha avanzado que el próximo lunes, 7 de octubre, se abrirá una nueva mesa de diálogo social sobre autónomos para seguir avanzando en el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Estará enfocado en la regularización de las cuotas abonadas de más o de menos por los autónomos. «Un proceso absolutamente novedoso, de una complejidad técnica excepcional, que afecta a más de 3,6 millones de autónomos», indica el Ministerio.
En cuanto a la regulación pendiente para configurar el paso de algunas mutualidades al régimen de autónomos, Saiz ha insistido en que se trabaja para lograr un acuerdo.
Saiz también ha recordado que el fondo de reserva, la denominada hucha de las pensiones, terminará el año con más de 9.000 millones, superando las previsiones iniciales, y que la legislatura terminará con más de 25.000 millones.
Reglamento de extranjería
Saiz ha avanzado que en octubre asistirá al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) que se celebra el próximo 10 de octubre en Luxemburgo. «Es la primera vez que un ministro de Migraciones de España asiste al foro en el que se abordan asuntos de primera relevancia de la política migratoria europea».
Saiz ha señalado la importancia de esta participación y de la apuesta de España por una migración regular, ordenada y segura, para evitar tragedias «terribles» como la del pasado septiembre en El Hierro. «Las rutas irregulares son un drama humanitario y tenemos que empezar, como sociedad, a considerarlas como tal. Nos duele cada muerte y tenemos muy presente a estas personas en cada paso que damos en nuestra política migratoria.
La ministra ha detallado que el nuevo reglamento adapta la realidad migratoria a tres pilares: formación, empleo y familia, «poniendo en el centro los derechos humanos». Estos tres aspectos definen la política migratoria actual de España, «ejemplo en Europa y en todo el continente americano».
«El nuevo reglamento será ese manual de instrucciones para dar solución a las cuestiones prácticas y concretas que surgen en la gestión migratoria», ha dicho. El reglamento se enmarca en la ley de extranjería, «clave de bóveda» de la política migratoria, «una figura compleja y poliédrica que comprende desde las relaciones diplomáticas con los países de origen, la atención humanitaria en los puntos de llegada, los procedimientos legales de visados y autorizaciones, los programas para la inclusión de los migrantes, y también, que no se nos olvide, el velar por los ciudadanos españoles que están en el exterior».
En los últimos tres años, más de 350.000 personas de otros países han regularizado su situación en nuestro país gracias a la última reforma del arraigo. Asimismo, ha contribuido a agilizar los procedimientos de contratación en los países de origen, gracias a los programas de migración circular.
Saiz ha recordado que la segunda reforma del reglamento ha permitido que el 60% de menores no acompañados o extutelados están en alta en la Seguridad Social y ha agilizado los trámites para que los estudiantes puedan continuar su formación en nuestro España sin tener que volver a su país de origen.
