El Gobierno logra impulsar la reforma fiscal con el voto de hasta nueve grupos parlamentarios, a los que se ha sumado Podemos a última hora. El pacto alcanzado con los de Ione Belarra se produjo minutos antes de la votación y después de 72 horas frenéticas en las que la formación llevó la negociación con el ministro Félix Bolaños al límite. El acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar una proposición de ley antes del 31 de diciembre para impulsar un impuesto a las grandes energéticas «compatible con no gravar las inversiones que comprometan la descarbonización», según recoge Podemos en un comunicado. Si no se logra sacar adelante, el acuerdo exige la aprobación de un real decreto para prorrogar la tasa durante 2025. Hacienda logró arrancar el voto a favor de ERC, Bildu y BNG al texto durante la madrugada del lunes. De esta forma, Moncloa saca adelante del endurecimiento de la tasa a la banca y la imposición de un impuesto con un tipo mínimo del 15% a las multinacionales, gracias a los votos de todo el bloque de investidura. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria han votado a favor; mientras que PP, Vox y UPN lo han hecho en contra.

El Gobierno encaja -así- la última de las piezas de un complejo puzzle parlamentario que le permite salvar la norma y cumplir con Bruselas. El proyecto de ley formaliza la transposición de la directiva europea sobre el impuesto a las multinacionales, y satisface el hito pendiente que desatasca el quinto tramo de los fondos europeos, liberando 7.200 millones de euros. También afianza el plan fiscal estructural que Economía envió a los de von der Leyen, y que fía el cumplimiento de las reglas europeas a la aprobación de una reforma fiscal capaz de recaudar 4.500 millones de euros más cada año.

A los ingresos del impuesto a la banca y el tipo mínimo del 15% a las multinacionales, Hacienda sumará los procedentes de las correcciones técnicas en el impuesto de sociedades por las modificaciones introducidas por el exministro Montoro en 2016, y que fueron tumbadas por el Constitucional, los que generará el impuesto a los cigarrillos electrónicos y el aumento de la tributación a las labores del tabaco, y los cientos de millones que la Agencia Tributaria ha venido perdiendo cada año por el fraude en el IVA de los hidrocarburos. En total se estima que el paquete pueda generar una recaudación cercana a los 4.000 millones de euros anuales. Fuentes de Sumar elevan el potencial de ingresos a los 6.000 millones.

Un impuesto a la banca con guiño a Cataluña

El texto, aprobado gracias a los votos a favor de nueve grupos parlamentarios, da continuidad de un impuesto a la banca más allá del 31 de diciembre, cuando se extingue el gravamen temporal vigente. El nuevo tributo pactado entre coalición y Junts –y avalado por las izquierdas- crea una escala progresiva que gravará los ingresos procedentes de la diferencia entre el margen de comisiones e intereses de las entidades financieras. La tasa aplicará un tipo máximo del 7% a aquellas bases imponibles superiores a los 5.000 millones de euros. A partir de ahí, establece diferentes tramos de 3.000 millones, gravados a un tipo del 6%; del 4,8% para aquellas bases imponibles superiores a los 1.500 millones, o del 3,5% a partir de los 750 millones.

Además -tal y como adelanto elEconomista.es- establece un reparto de la recaudación entre las comunidades autónomas en función de su PIB regional, y cede su gestión a las haciendas forales. De esta manera, Navarra y País Vasco podrán podrían modificar los tipos, las condiciones de aplicación como exenciones, e incluso aplicar bonificaciones de las cuotas, beneficiando a los bancos con domicilio social en estos territorios. A esto, se añade la otra novedad principal. La tasa empezará a gravar a las entidades extranjeras que tengan actividad en España, y que generen ingresos recogidos en la escala de tramos.

El sector bancario ha denunciado la inseguridad jurídica que generará el nuevo tributo que valoran que «se ha gestado en un proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector«. La AEB y CECA han criticado en un comunicado difundido este jueves que tampoco se ha incluido la valoración de los órganos consultivos, pese a ser deseable su participación en la tramitación legislativa de una cuestión tan sensible como la fiscalidad. En el escrito, han trasladado su firme rechazo a la tasa que, avanzan, afectará negativamente a la financiación de las familias y las empresas, la inversión y el conjunto de la economía. La patronal ha cifrado en 50.000 millones el impacto de este impuesto que han recordado no existe en otros países de la Unión Europea, por lo que perjudicará la competitividad de las entidades de crédito españolas y de la economía en general.

Junto al texto que aprobado, también sale adelante la nueva subida de un punto del tipo máximo del IRPF de las rentas de capital superiores a los 300.000 euros, que pasará al 29%. Se trata de la tercera subida de este impuesto en cuatro años. También la creación de un impuesto a los vapeadores, el alza de los impuestos a las labores del tabaco, la corrección de la reforma de sociedades de Montoro y las modificaciones para evitar el fraude fiscal en el pago del IVA de los hidrocarburos. El paquete fiscal esconde -además- una enmienda que cambia las reglas fiscales para los grupos empresariales. La norma limita el uso de las pérdidas declaradas por las filiales de un mismo holding para reducir el pago de impuestos por parte de su matriz. La medida, pactada en un inicio por PSOE y Sumar y aprobada ayer por el Congreso, restringe el uso de las bases imponibles negativas al 50% entre las empresas de un mismo grupo registradas durante este año 2024, y durante el próximo 2025. La medida podría suponer unos 1.200 millones de euros en ingresos para la Agencia Tributaria. La enmienda, no obstante, deja fuera a las fundaciones que formen parte del grupo, con la intención de no perjudicar su obra social.

Tasa a las energéticas antes de fin de año

Punto y aparte, merece el impuesto a las energéticas, que será trabajado en una comisión negociadores entre Podemos y Gobierno. Los de Ione Belarra registrarán -junto a PSOE y Sumar- una proposición de ley con la intención de aprobarla antes de final de año. De no contar con los apoyos necesarios para hacerlo, el pacto exige a Moncloa el aprobar el impuesto a través de un real decreto, ya en 2025. Este último punto ya formaba parte de acuerdo alcanzado el pasado lunes con ERC, Bildu y BNG. Sin embargo, el texto podría tropezar con el rechazo de Junts y PNV. Ambos grupos exigen que la tasa no comprometa las inversiones que las compañías energéticas han proyectado sobre Cataluña o País Vasco. «Lo lógico hubiera sido buscar los votos de los grupos de izquierdas, y después el los de derechas, que han demostrado una capacidad negociadora en nombre de Repsol y, en especial, de Josu Jon Imaz», ha denunciado Belarra.

Por el camino, no obstante, queda un buen puñado de las medidas planteadas desde el inicio, y la mayoría de las que recogía el pacto entre PSOE y Sumar. El pleno rechaza definitivamente la supresión de las exenciones fiscales a las socimis, a los seguros sanitarios privados y a las viviendas de uso turístico. La Cámara Baja tumba también el impuesto a los bienes de lujos. Todas estas medidas son propuestas firmadas por los de Yolanda Díaz. Además, decae uno de los términos del acuerdo alcanzado entre socialistas, PNV y Junts. Estos grupos no han logrado reunir los apoyos suficientes como para impulsar un incremento fiscal para igualar la tributación del diésel con la gasolina.

De su lado, Pimec ha celebrado la rebaja del Impuesto sobre Sociedades basada en la dimensión empresarial porque «contribuirá a hacer las pequeñas y medianas empresas más competitivas, viables y productivas». El presidente de la patronal de pymes, Antoni Cañete, ha destacado que esta iniciativa «no sólo impulsará el crecimiento empresarial, sino que también permitirá redirigir los recursos económicos hacia prioridades estratégicas del tejido productivo, como la sostenibilidad, la transición energética y la digitalización».

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