El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de los hidrocarburos (de la que sospecha que se defraudaron más de 200 millones de euros y que tiene en su epicentro a Víctor de Aldama), no ve indicios que vinculen al exministro José Luis Ábalos con la trama, y rechaza por ello remitir una parte de la causa al Tribunal Supremo como solicitó el Partido Popular.

En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado considera que no procede acceder a la inhibición solicitada por la formación liderada por Alberto Nuñez Feijóo al no existir «indicio alguno» que vincule a Ábalos con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel, la principal sociedad del fraude con los carburantes.

«Al efecto no lo son las alegaciones efectuadas, dado que ninguno de los hechos en que se basa constan en este procedimiento con lo que obviamente no pueden ser tenidos en cuenta», reza el magistrado en el escrito. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha opuesto a la inhibición parcial de esta causa al Tribunal Supremo solicitada por el PP, que considera que una parte afecta al exministro de Transportes.

La presunta conexión del exministro con la trama de los hidrocarburos radica en un chalé de La Alcaidesa (Cádiz) del que los investigadores sospechan que disfrutó como contraprestación por su presunta intermediación para la obtención de la licencia para Villafuel. De hecho, el socio de Aldama, Claudio Rivas, fue el que recurrió al comisionista y al exasesor de Ábalos, Koldo García, para que consiguieran una reunión con el ministerio de Transición Ecológica, con el objetivo obtener la licencia de operadora de Villafuel y poder poner así en marcha el presunto fraude.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) explicó además en uno de sus informes que había claros «indicios» de delito al esclarecer cómo otra empresa de la trama de los carburantes, Have Got Time, «controlada de manera real por Claudio», compró el chalet en el que vivía Ábalos. Las arras de dicho inmueble, según los investigadores, fueron abonadas también a través de otra de las sociedades de Rivas, NextoMega Trade SL, al frente de la cual estaba Leonor González Pano, la hija de la empresaria Carmen Pano, ambas investigadas en la causa. Pano, además, es la empresaria que afirma haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE de Ferraz por indicación De Aldama, motivo por el que declara este martes ante el Supremo.

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