Iván Alhambra | 07.01.2025 – 04:30h
El motor arranca la negociación con Bruselas para frenar las multas por emisionesC.E.
El motor europeo no quiso despedir 2024 sin advertir del mar de incertidumbres en el que se adentra la industria ante la mayor exigencia regulatoria impuesta desde Bruselas. En sus cartas de año nuevo, de alguna manera, los grandes fabricantes del bloque se conjuraron para encomendar a las autoridades europeas un reenfoque de su estrategia medioambiental, escenificada en la nueva normativa CAFE que entró en vigor el pasado miércoles. Según los criterios actuales, esta regulación exige que el objetivo de emisiones medias por kilómetro y vehículo nuevo matriculado se reduzca drásticamente de 115,1 gramos de CO2 a 93,6.
Para garantizar su cumplimiento, la Unión Europea advirtió de que aquellos fabricantes que no alcancen estos parámetros, deberán abonar multas de 95 euros por cada gramo que lo superen, multiplicado por el número de coches vendidos. Esta ecuación, con la voluminosa producción del sector, puede dar lugar a multas multimillonarias en un contexto donde el automóvil europeo no atraviesa su mejor momento. Cisnes negros como la baja demanda europea, la durísima competencia china o el reto de desatascar las ventas de coches eléctricos han dado paso a una tormenta perfecta, que ahora Bruselas quiere solventar.
En un atípico discurso a finales de noviembre ante el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reveló sus pretensiones de convocar un «diálogo estratégico sobre el futuro de la industria automotriz en Europa», con el objetivo de proponer e implementar rápidamente las medidas que este sector necesita con urgencia. Un comunicado emitido semanas después por la institución fechó en el presente enero el inicio de la ronda de negociaciones con los protagonistas de la industria y detalló los principales asuntos a tratar.
Entre ellos, además de deslizar una inyección de ayudas para fortalecer los recursos financieros del sector e incrementar la demanda, la Comisión abrió la puerta a «simplificar y modernizar el marco regulatorio». Un órdago que ha despertado esperanza en la industria para tratar de convencer a Bruselas de un giro en su hoja de ruta para proteger las inversiones multimillonarias que se ven amenazadas con la CAFE.
16.000 millones de inversión en riesgo
«La industria del automóvil corre el riesgo de perder hasta 16.000 millones de euros en capacidad de inversión, ya sea pagando multas, reduciendo la producción, asociándose con competidores extranjeros o vendiendo vehículos eléctricos con pérdidas», alertaba Luca de Meo, en su última misión como presidente de la patronal europea de fabricantes (ACEA, por sus siglas en inglés) antes de dar el relevo al CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius, al frente de la asociación.
El también director general de Grupo Renault lamentaba en su misiva la falta de una declaración política clara antes de que finalizase 2024. «Esperar al inicio del diálogo estratégico de la Comisión sobre el futuro de la industria del automóvil o a la revisión de la legislación sobre el CO2 en 2026 no es una opción, por muy bienvenidas y necesarias que sean ambas. Los fabricantes necesitan claridad ahora para finalizar las estrategias de cumplimiento, hacer acuerdos de agrupación y otras disposiciones para 2025», esgrimía.
De no suavizar su exigencia, aquellos fabricantes que comercialicen sus vehículos en Europa se ven obligados este año a elevar su cuota de matriculaciones de eléctricos en torno a diez puntos porcentuales, hasta alcanzar un mix del 22%. Si bien el deseado escenario sería un impulso sin precedentes de las ventas de eléctricos, la realidad invita a pensar que los fabricantes deberán sacrificar ventas de combustión para alcanzar estos parámetros. De hecho, los concesionarios españoles ya se aventuran a pronosticar que esta regulación reducirá las matriculaciones de 175.000 unidades de esta tecnología en 2025.
