Gobierno y sindicatos cierran un acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025
El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT para establecer en 2025 la jornada máxima legal en 37,5 horas semanales sin reducción salarial, una medida que será complementado con el derecho a la desconexión con un registro de jornada digital al que tendrá acceso la Inspección de Trabajo en tiempo real.
El pacto, adelantado a primera hora de este viernes el Ministerio de Trabajo, llega en plena tensión entre la cartera que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, quien no se cerraba a retrasar más allá del año que viene la medida si favorecía el diálogo o que se aplicara de manera gradual y con ayudas a las pymes, en un guiño a Junts.
La propia Díaz -que ha indicado que España es hoy un país «más justo, más democrático y más feliz»- y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez respectivamente, han escenificado la firma del Acuerdo social de reducción de jornada laboral pasadas las 11 horas en la sede del Ministerio de Trabajo, cumpliendo así la hoja de ruta del Ministerio, quien confiaba en dejar cerrado el acuerdo esta misma semana.
«No es un acuerdo más, es un acuerdo que hace avanzar a nuestro país […] Una vez más escribimos una nueva página en el libro de las conquistas laborales«, ha dicho Díaz antes de emocionarse al trasladar un mensaje de gratificación especial hacia el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey: «Las reuniones y las interrupciones han sido tediosas». La ministra también ha agradecido a Sordo y Álvarez porque «siempre están donde hay que estar», y a la CEOE por haber estado 11 meses en las negociaciones pese a su negativa a modular una jornada laboral que lleva intacta «40 años» y que ya no se adapta a las necesidades de la sociedad actual, ha recalcado.
Los convenios deberán aplicar la reducción antes de 2026
Según se establece en el texto, los convenios colectivos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima ordinaria de 37,5 horas. Así, los contratos celebrados a tiempo parcial con una prestación de trabajo de duración igual o superior a las 37,5 horas semanales de promedio «se convertirán automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo» a partir de la aplicación de la nueva jornada legal.
En caso de tener contratos con una duración inferior a las 37,5 horas, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la norma, al igual que los trabajadores con jornada reducida por cuidado de menor o familiares o que tengan la consideración de víctimas de violencia de género, violencia sexual o víctimas del terrorismo Además, tendrán derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la aplicación de la jornada máxima ordinaria de 37,5 horas semanales.
Para estos colectivos, el umbral máximo legal de la reducción de jornada vigente en el momento de su inicio se mantendrá hasta que finalice el derecho a la reducción de jornada, con el límite absoluto del 31 de diciembre de 2026. Alternativamente, podrá adaptar la jornada reducida que venía realizando a la nueva jornada legal prevista, en el marco del horario que previamente disfrutaban. Esta opción se comunicará a la empresa con 15 días de antelación a la fecha de efectos de la adaptación, según el texto.
Para las jornadas especiales, el Gobierno se da un plazo de 18 meses para revisar, junto con los agentes sociales, la normativa sobre jornadas especiales de trabajo para adecuar las ampliaciones y limitaciones en la ordenación y en la duración de la jornada de trabajo a la nueva jornada máxima legal.
La Inspección tendrá acceso directo al registro horario
El pacto complementa la reducción de jornada con el derecho a la desconexión («de nada sirve reducir la jornada si tu jefe te llama cuando estás cenando») y con un registro de jornada «digital y fiable» para garantizar la transparencia horaria y el cumplimiento del acuerdo. Para ello, será accesible para la Inspección de Trabajo, que sabrá la jornada que hacen los trabajadores en tiempo real.
Más en detalle, este registro digitalizado será diario para las jornadas a tiempo completo y mensual para los trabajadores a tiempo parcial. En este último caso, la empresa deberá entregar al trabajador, junto con el recibo de salarios, copia del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto ordinarias como complementarias. En cuanto a las horas extraordinarias, serán registradas día a día se totalizarán en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando la empresa copia del resumen al trabajador en un recibo. Todo ello, sin perjuicio de la forma de compensación.
Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, decisión de la empresa, previa información y consulta con los representantes legales de la plantilla, se podrá establecer el régimen de organización y funcionamiento del registro de jornada. En el plazo de seis meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se establecerán los demás requisitos y contenidos que debe garantizar el registro para cumplir su finalidad.
Multas de hasta 10.000 euros por trabajador
También, ha avanzado Díaz, se mejora el sistema de infracciones por incumplimiento, dando lugar a las sanciones individualizadas: en vez de una única por empresa («algo que salía muy barato», ha incidido la ministra), será de hasta 10.000 euros por cada trabajador al que se le merme este derecho.
Así, de acuerdo con el texto pactado con los sindicatos, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
En busca de apoyos
La norma sale este viernes a consulta pública. Díaz busca que todos los trabajadores cuenten a 31 de diciembre de 2025 con una jornada laboral máxima legal de 37,5 horas semanales para dar cumplimiento al acuerdo de Gobierno sellado entre PSOE y Sumar. La intención de Trabajo es acelerar la compleja tramitación parlamentaria que implica el cambio en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores que afectará de manera directa a 12 millones de personas, que a día de hoy trabajan más horas a la semana.
Antes, el Gobierno debe afrontar a búsqueda de apoyos en Congreso y Senado y poder llevar la medida al Consejo de Ministros, aunque este proceso no se prevé fácil ya que, de momento ni PP, ni Junts ni PNV han comprometido su voto a favor, lo que podría derivar en concesiones que modulen el texto acordado hoy. A este respecto, Sordo no ha descartado que convoquen movilizaciones si consideran que en el marco de esas negociaciones se perturba la esencia del plan.
La negociación para reducir la jornada sin tocar los salarios se inició hace 11 meses y ha pasado por distintas fases; en la mesa se han sentado los sindicatos con la patronal, hubo un tiempo de negociación tripartita entre Gobierno, CCOO y UGT y CEOE y Cepyme, y en las últimas semanas la cuestión se ha perfilado entre Gobierno y sindicatos tras la negativa de los representantes de los empresarios, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, a las medida por el coste que implica para las empresas.
Pepe Álvarez ha celebrado esta primera parada -de la que espera que no se renuncie a nada durante las negociaciones con los grupos parlamentarios-, pero ha recordado que lo que persiguen son las 32 horas semanales o los cuatro días a la semana.
