Las consecuencias que puede tener esta ocurrencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, es que el número de alumnos en prácticas en instituciones o empresas, que en el Estado alcanzan los 540.000 y en la CAV llegan a los 11.800, de los que 7.000 tienen carácter obligatorio como en el caso de los que estudian Medicina, Enfermería o Magisterio, se vaya a ver reducido de manera importante.

En lo que respecta a la campaña contra el diésel que inició de forma irresponsable antes del verano la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, cuando proclamó de manera solemne en el Congreso de los Diputados que «el diésel tiene los días contados», parece que no tiene vuelta atrás, a pesar de las insistentes demandas de los empresarios del sector del automóvil que piden mesura en la actuación de los políticos porque si no desaparece el miedo al diésel, la producción de vehículos va a caer aún más con lo que es difícil prever lo que va a pasar este año.

Las consecuencias de esa manifestación fruto de un desconocimiento palpable de la realidad económica y de sus efectos negativos en los consumidores fueron inmediatas. No solo afectaron a la producción de fabricantes, como en el caso de Mercedes Benz en Gasteiz, que tuvo que realizar varias paradas en los últimos tres meses del año pasado y suprimir el turno de noche durante mes y medio, sino también al sector de componentes de automoción que en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) engloba a 300 empresas, da empleo a 40.000 personas y factura 18.400 millones de euros al año.

Al igual que ocurrió en septiembre de 2008, cuando comenzó la última depresión, aunque en bastante menor medida, la cartera de pedidos de los proveedores de los fabricantes de automóviles en Euskadi se vio resentida en toda la cadena de valor que participa en el sector tras la vuelta de las vacaciones veraniegas del año pasado. En concreto, en una empresa que suministra a fabricantes de componentes, la cartera de pedidos sufrió un descenso del 10% como consecuencia de la incertidumbre generada por unas decisiones políticas que dicen muy poco de la existencia de una previsión a la hora de abordar el tránsito hacía el coche eléctrico desde la sensatez y la racionalidad.

Usas turbulencias generadas en un sector estratégico para este país como es el de la automoción empiezan a traducirse de manera negativa en parámetros económicos como el Índice de Producción Industrial (IPI) en la CAV que, a pesar de acumular un crecimiento del 1,8% en los once primeros meses de 2018, respecto al ejercicio anterior, en noviembre sufrió un descenso de un 1,9% como consecuencia del parón en la producción de la planta de Mercedes Benz en Gasteiz debido a la crisis del diésel.

Al Gobierno del PSOE parece que poco le importa las afecciones negativas en la industria de la automoción que están teniendo sus imprudentes decisiones. Así, el pasado viernes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento en el precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares, según se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La medida significará un coste de tres euros mensuales para un conductor medio que realiza 15.000 kilómetros al año. Y mientras los consumidores optan por comprar coches de gasolina hasta el punto de que no solo han superado a los de diésel, sino que incluso las ventas de vehículos con esta motorización han duplicado ya a los que utilizan gasóleo, protagonizando sin querer una gran contradicción de la que nadie se quiere responsabilizar, ni se escuchan proclamas por parte de aquellos que defienden el medio ambiente.

Se está optando por coches de gasolina que producen más emisiones de CO2 a la atmósfera, un 15% más, según los expertos, y consumen más combustible que los diésel. Es la gran contradicción a la que nos están llevando de manera interesada cuando los coches diésel modernos son menos contaminantes. Nadie entiende esta cuadratura del círculo.

Tampoco se explica cómo desde los fabricantes de automóviles, sector de componentes de automoción y concesionarios no se han puesto en marcha campañas con la participación de centros especializados de la máxima credibilidad que analicen y demuestren la contaminación que generan tanto un coche diésel como uno de gasolina durante su uso por espacio de un tiempo.

Seguro que los resultados reflejarían grandes sorpresas a favor del diésel. A esta situación hay que añadir que esta incertidumbre sobre el diésel está provocando que veamos por nuestras carreteras circulando coches de más de 20 años, que son los que más contaminan, ya que sus conductores han decidido atrasar su decisión de cambio por un nuevo vehículo hasta que no se clarifique el panorama, con lo que se está haciendo un pan como unas tortas.

Es necesario transmitir tranquilidad y credibilidad a los que están decidiendo ahora comprar un coche porque nadie es capaz de predecir a día de hoy qué es lo que va a pasar en el año 2040 y si los coches serán eléctricos, de hidrógeno o desaparecerán por otros vehículos que ya no usarán el suelo para moverse, sino el aire. De aquí al año 2040 pueden pasar tantas cosas con la tecnología, a la velocidad que se desarrolla hoy en día, que no tiene mucho sentido imponer los motores eléctricos frente a los de combustión cuando el futuro en este campo, tanto en motorización como en combustibles, todavía tiene mucho recorrido.

De la misma forma, parece también una contradicción que se opte por los coches eléctricos cuando la generación de esa electricidad procede de las centrales nucleares o de quemar carbón con lo que se podría dar la paradoja de que en las ciudades no habría contaminación, pero el planeta seguiría calentándose exactamente igual.

A pesar de que algunos creen que la actual situación es coyuntural y que en el futuro se va a corregir, sin embargo creo que el daño ya está hecho sobre todo, en lo que se refiere al díésel, si se tiene en cuenta que el Estado español es el segundo mayor fabricante de vehículos de Europa, solo por detrás de Alemania. Antes de la crisis, los fabricantes estatales ensamblaban 1,4 millones de vehículos diésel y producían dos millones de motores de esta combustión al año. La conclusión es que con esta incertidumbre el Gobierno español ha disparado un tiro en el pie del sector de la automoción sin medir sus consecuencias.