El 21 de marzo vence el plazo para la fiscalidad del diésel y el Gobierno no ha llamado al PP, Vox, Podemos ni Junts

Hacienda confía en que la UE sea flexible y entienda que Sánchez lo ha intentado: «Nada está escrito en piedra»

El PP se planta: «Otro impuesto es el último recurso»

Bruselas exige al Gobierno la subida fiscal al diésel para desbloquear los 25.000 millones del quinto pago de los fondos UE

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, agachado para hablar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, agachado para hablar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen EFE

Juan Fernández-Miranda

Madrid

 
El próximo 21 de marzo finaliza el plazo que la Comisión Europea dio al Gobierno de España para aprobar la reforma fiscal en relación con el diésel, una condición vinculante para que Bruselas autorice el quinto pago del Plan de Recuperación: casi 25.000 millones de euros. Sin embargo, cuando queda menos de un mes para que expiren los dos meses que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin) dio al Ejecutivo, Pedro Sánchez sigue sin tener los apoyos parlamentarios necesarios; es más, no los ha buscado. Si no se cumple el compromiso la consecuencia directa es que los fondos no lleguen, al menos ni en su totalidad ni en el momento inicialmente previsto. La subida fiscal prevé una subida de 11,4 céntimos por litro al diésel (IVA incluido) para equipararlo con la gasolina
El asunto destapa dos realidades: una coyuntura política, la debilidad parlamentaria del Gobierno de España, y una cuestión ya estructural en clave económica: ¿está el sector del automóvil preparado para alcanzar el objetivo fijado por la Comisión Europea de finalizar con los vehículos de combustión en 2035? El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Josep María Recasens, calificó el jueves de «misión imposible» no ya ese objetivo a diez años, sino los objetivos de emisiones para finales de este año. La recién estrenada normativa europea CAFE contempla potentes multas a los fabricantes de vehículos que no cumplan con los límites exigidos a final de año.
 

Debilidad parlamentaria

Según admiten a ABC fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno «va a intentar sacarlo, pero la aritmética es la que es». En este sentido, aseguran que <<se están produciendo conversaciones>>> y que «se contemplaba para el 1 de abril>». No obstante, y ante la eventualidad de que no se consigan los apoyos, confían en que Bruselas «sea sensible» y entienda cuál es la voluntad del Gobierno: <<<Nada está escrito en piedra y ya el cuarto pago no fue completo y luego se recuperó». Más optimista es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien dijo el martes, precisamente en Bruselas tras la última reunión del Ecofin, que el Ejecutivo está aún «dentro de plazo» para cumplir las exigencias de Bruselas y poder recibir así el desembolso íntegro. Igualmente optimista se mostró el viernes la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. En su opinión, tener ese impuesto aprobado <<<lo antes posible» es una manera de incentivar la compra de vehículos eléctricos. Es decir, el Gobierno mantiene el plan marcado por la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera: no al diésel, sí al coche eléctrico, a pesar de las dificultades.
 
Para aprobar la reforma fiscal, el Gobierno necesita el apoyo, cuando menos, del PNV, Junts y Podemos, los cuales se oponen desde posiciones distintas que además parecen incompatibles y que afectan también a otro impuesto, en este caso el que el Gobierno preveía imponer a las energéticas y a la banca. El primer intento de cumplir con el hito marcado por la Comisión Europea fracasó cuando decayó el decreto ómnibus que el Gobierno llevó al Congreso después de Navidad. Desde entonces, el Gobierno no ha movido ficha con los posibles apoyos parlamentarios.
 
Desde Podemos se explica a ABC que <<no vamos a apoyar una política fiscal que suba los impuestos al diésel y se los baje a las energéticas». En este sentido, aseguran que no ha habido contactos del Gobierno con su partido. «Ninguna novedad tampoco para recuperar el impuesto a las empresas», añaden. Como es conocido, la relación con Junts no atraviesa su mejor momento, aunque tras la caída del decreto hace pocas semanas el Gobierno ha hecho todo lo posible por reactivarla. Sin embargo, en este momento, según revelan en Junts, la prioridad del Gobierno respecto a ellos está en salvar mañana la proposición no de ley que reclama al presidente del Gobierno que se someta a una moción de confianza. De los impuestos al diésel no han vuelto a hablar desde que decayó el decreto, aseguran a ABC desde el entorno de Puigdemont sorprendidos por la pregunta.
 

Sector del automóvil

 
La cuestión económica es más profunda, pues en la anterior legislatura la Comisión Europea fijo objetivos muy ambiciosos con la idea de alcanzar la implantación del vehículo eléctrico en 2035. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES) considera que lo que tendría que hacer el Gobierno es «revisar>>> la fiscalidad del combustible de la automoción. Nacho Rabadán, director general, explica que hay un camino intermedio entre la implantación inmediata del vehículo eléctrico y la desaparición de los combustibles fósiles. «El tema está en conseguir que el consumidor consuma combustible renovable y deje el fósil>», asegura antes de añadir que <la tecnología existe», motivo por el que las petroleras quieren que, lejos de incrementar los impuestos al diésel, el Gobierno apruebe una fiscalidad favorable para los combustibles renovables. Según sus investigaciones, «han puesto encima de la mesa opciones que reducen significativamente la contaminación y aumentarán la competitividad». «Podemos aceptar que el combustible que más contamina pague más, pero siempre que el que contamina menos pague menos», apunta antes de recordar a la ministra Aagesen que el sector de la automoción representa el 20% del PIB español.

 

El debate sobre la fiscalidad de la automoción está abierto. Según un informe de Funcas, la subida para igualar el diésel con la gasolina afectará a los hogares de rentas más bajas y los localizados en zonas rurales. El principal partido de la oposición reclama que ese debate se abra aún más, al modelo fiscal en su conjunto. Y. mientras, la Comisión Europea tiene hasta fin de año para aprobar un informe sobre el ciclo de vida completo de las energía de la movilidad. Nada está escrito en piedra.

El PP se planta <<Otro impuesto es el último recurso>>

  • <<Están atacando a media España, van contra la gente>> denuncian en VOX

 

A la hora de buscar apoyos parlamentarios que le permitan cumplir con las exigencias de la Comisión Europea para ejecutar el pago del quinto tramo de los fondos de recuperación Next Generation, con quien no cuenta ni en pintura el Gobierno es con el Partido Popular y con Vox, segunda y tercera fuerzas parlamentarias. Que se sepa, a lunes 24 de febrero no les ha llamado para tratar de contar con su apoyo para resolver uno de los hitos necesarios para el pago de los casi 25.000 millones de euros que supone ese quinto pago. El plazo fijado por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin) expira el 21 de marzo y es sabido que las posiciones políticas están muy lejos en general, pero en el caso de la cuestión fiscal parecen irreconciliables.

Desde el PP, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, explica a ABC que «lo que no se puede es venir a pedir ayuda al Partido Popular sin hablar de un paquete más general en materia de fiscalidad». «No pueden imponernos cosas cuando no somos partícipes de nada. No me puede buscar a mí para subir impuestos cuando es contrario a las políticas que plantea el PP», explica.

El principal partido de la oposición niega la mayor: la Comisión Europea no pide una subida al diésel, sino equilibrar gastos e ingresos. «Europa no le pide que haga eso, son ellos los que lo ofrecen. Lo único que le ha pedido Europa es que los ingresos y los gastos cuadren y ellos le ofrecen subir el impuesto al diésel, pero el último recurso es pedir un impuesto a los españoles. En 2024 han recaudado 140.000 millones más en que en 2018, ¿hasta dónde los van a subir?», se pregunta.

Contra las familias

En Vox no son menos críticos en los argumentos y su posicionamiento parlamentario es igualmente contrario a la posibilidad de votar una subida de los impuestos al diésel. <<La mayoría de los vehículos en España son de combustible, no son eléctricos. Si les subes los impuestos al diésel, estás atacando a media España. La realidad es que están fastidiando a familias, a vehículos privados, a transportistas. Van contra la gente», aseguran desde Vox en conversación con este periódico.

La Comisión Europea tiene hasta el 21 de marzo para evaluar si España ha cumplido con todos los hitos y objetivos que forman parte de la quinta solicitud de fondos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado esta semana en Bruselas que trabaja en España para sacar adelante la reforma del impuesto sobre hidrocarburos y con las autoridades comunitarias para certificar el cumplimiento de cada uno de los compromisos.

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