Cepyme alerta de que la productividad suma siete trimestres consecutivos de caídas interanuales
La patronal de las pequeñas y medianas empresas saca la artillería contra la agenda política de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la recta final del año. Desde Cepyme advierten, con datos en la mano, de que el fuerte incremento de los costes laborales que ha venido impulsando el Ejecutivo desde el año 2019 está ahogando a los pequeños negocios y, en este contexto, alertan del impacto que tendrán nuevas medidas como la reducción de la jornada laboral sin recorte salarial o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025.
«Los costes laborales de las pymes acumulan un alza del 18,1% desde 2019 con efectos negativos en la rentabilidad y el empleo«, avisan desde la organización empresarial que preside Gerardo Cuerva. Especialmente duros con las iniciativas de Díaz, Cepyme aprovecha la actualización trimestral del informe de situación de las pequeñas y medianas empresas para hacer un llamamiento a la vicepresidenta, a quien piden que tenga en cuenta la situación de las pymes «antes de adoptar decisiones referentes a variaciones en el tiempo de trabajo o el salario mínimo interprofesional, así como a continuar con los aumentos de las cotizaciones sociales».
Con esta reclamación, una de las patronales más representativas de la CEOE adelanta la que previsiblemente será la postura empresarial de cara a la negociación con el Ministerio de Trabajo sobre la nueva subida del SMI que prepara Yolanda Díaz. Los empresarios ya han dado portazo a la reducción de la jornada a 37,5 horas, que la vicepresidenta va a sacar adelante sólo con el apoyo de los sindicatos, y tras este contundente posicionamiento de los de Cuerva, todo apunta a que tampoco apoyarán el incremento del salario mínimo para 2025.
El indicador que elabora el servicio de estudios de Cepyme constata que los costes laborales que soportan las empresas de menor tamaño subieron en el tercer trimestre del año un 4,2% en variación interanual y acumulan una escalada del 18,1% desde 2019. También refleja que el volumen de ventas de las pequeñas empresas apenas ha avanzado apenas un 0,6% desde el año previo a la pandemia. Un repunte que, según sus cálculos, «se torna insuficiente para compensar los sobrecostes» pese a la mejora del acceso al crédito y a la moderación de la inflación.
Productividad y rentabilidad, a la baja
En paralelo, la productividad encadena siete trimestres de caídas interanuales y se sitúa lejos todavía de recuperar niveles prepandemia, y la rentabilidad de las pymes se sitúa aún un 12% por debajo del nivel de 2019. Un cóctel que lleva a Cepyme a reclamar al Gobierno una «moderación de los costes laborales», justamente en la dirección contraria a las políticas económicas y laborales que viene impulsando tanto Yolanda Díaz como el Ministerio de Seguridad Social, que ahora dirige Elma Saiz y que está desplegando todas las subidas de cotizaciones sociales que dejó aprobadas el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, para sufragar las pensiones de la generación del baby boom.
La patronal de las pymes alerta especialmente sobre la situación de las microempresas, «las más sensibles ante medidas que afectan a los salarios, la contratación o la jornada». De acuerdo con los datos que recoge el informe, el número de microempresas se ha reducido un 1,9% desde 2019 y el empleo está «congelado» en este segmento —que supone el 85% del parque empresarial con asalariados—, lo que constata una «recuperación desigual según el tamaño de las compañías, en detrimento de las más pequeñas».
Con estos datos sobre la mesa, los empresarios reiteran su negativa tanto a la reducción de la jornada laboral por ley hasta las 37,5 horas como a la nueva subida del SMI. En el primer caso, Díaz está ultimando un acuerdo con CCOO y UGT, que en paralelo mantienen negociaciones con los grupos parlamentarios (excepto Vox) para intentar amarrar los apoyos del Congreso de los Diputados. Hasta ahora se han reunido con el PP, PNV, EH Bildu y Sumar, pero el objetivo es convencer a los siete diputados de Junts, que serán clave en esta votación.
Plazos de las reformas
Y en el caso del salario mínimo, el grupo de expertos del Ministerio de Trabajo se vuelve a reunir mañana mismo para avanzar en los trabajos que iniciaron formalmente el pasado 26 de noviembre. La intención es cerrar una cifra que, según las estimaciones iniciales, rondaría el 4%porque ese es el nivel que permitiría mantener el poder adquisitivo de los dos millones de beneficiarios. No obstante, la recomendación de este comité es orientativa y la consulta a los agentes sociales, un mero trámite, ya que el incremento del SMI es una decisión política que Díaz ya ha decidido llevar a cabo.
Con todo, si los trabajos de los expertos se prolongasen y no diera tiempo a convocar la mesa de diálogo social en lo que queda de año, la actualización del salario mínimo podría retrasarse hasta entrado 2025, como ya sucedió este año, cuando se aprobó en los primeros días de febrero. No es la opción ideal porque genera incertidumbre e inseguridad jurídica en las empresas, tal y como ha admitido la propia Díaz, pero sí un escenario que contempla el Ministerio.
Y respecto a la reducción de la jornada, los plazos para alcanzar un acuerdo con los sindicatos no están fijados, pero las conversaciones están bastante avanzadas y la firma podría producirse esta misma semana, según pronostican fuentes al tanto de los contactos informales que se están manteniendo estos días. Aun así, la vicepresidenta ya ha proyectado que las 37 horas y media no se aprobarán definitivamente, como pronto, hasta dentro de «cinco o seis meses» por el propio ritmo de la tramitación parlamentaria. La prioridad del Gobierno en estos momentos es sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado y ahí van a centrar los esfuerzos negociadores para convencer a los socios.