El Ejecutivo comunitario considera que las medidas restrictivas no son su primera opción.
20/12/2018
J. M. CAMARERO | MADRID
La Comisión Europea quiere templar los ánimos de los consumidores y, sobre todo, de la potente industria automovilística ante anuncios como el del Gobierno español, con el que pretende restringir la venta de vehículos de diésel o gasolina a partir de 2040, como anticipaba el borrador legislativo en el que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica en esta materia. Y para ello, fuentes de la institución apuestan por la vía de «incentivar» la adquisición de coches eléctricos, para ir renovando el parque automovilístico «en vez de prohibir» la matriculación de los de combustión en un plazo máximo de 22 años.
Aunque en el Ejecutivo comunitario comparten la filosofía de alcanzar los objetivos medioambientales marcados por la propia normativa europea en materia de emisiones y eficiencia -esto es, descarbonización total en 2050-, estas fuentes reconocen que las medidas restrictivas planteadas por España y otros socios no son, al menos, su primera opción. «Es compatible lograr la electrificación automovilística en el año 2050 con una serie de incentivos para llegar a recorrer ese camino», admiten en la Comisión.
Desde la Unión Europea temen que si cada país impone una fecha para prohibir las matriculaciones de vehículos de combustión se puede generar una desarmonización del mercado europeo de automóviles. Por ello, el departamento de Mercado Interior será el responsable de evaluar las normas que lleguen de cada Estado miembro, como España, y de actuar en consecuencia incluso descartando la posibilidad de restricción planteada por el departamento dirigido por la ministra Teresa Ribera.
Hasta ahora, solo Dinamarca ha presentado una propuesta en firme a Bruselas, mientras que el resto de países solo trabaja con documentos y propuestas que no han sido plasmadas oficialmente. Y sin ese requisito indispensable, para que la comunicación gubernamental llegue a la Comisión Europea, sus responsables no actúan en consecuencia. En ocho grandes países de la Unión Europea el plazo para implantar la venta generalizada de eléctricos pretende ser aún más exigente que la propuesta de España. En Noruega esta restricción estaría prevista para 2025, mientras que en Austria, Finlandia, Holanda, Irlanda y Suecia se materializará en 2030. Alemania lo haría, previsiblemente, en 2032. Y Bélgica en 2035. Solo Francia, Italia y Reino Unido mantendría el plazo del año 2040.
En el Ejecutivo comunitario son conscientes de que los Gobiernos deben proponer las normativas que consideren en cada uno de los Estados miembro, pero admiten que son «partidarios» de las ayudas para lograr la implantación de los coches eléctricos.