Las empresas españolas piden al Gobierno reducir la carga burocrática y una mayor rapidez en la resolución de las convocatorias de fondos europeos Next GenerationEU. Estas inquietudes se han planteado durante la Jornada ‘España: 2024, un año de hitos para los Fondos Europeos’, organizada por CEOE y PwC, en las que estuvieron presentes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de PwC, Gonzalo Sánchez.
Garamendi, por su parte, indicó que es «un momento importantísimo» para los fondos europeos, ya que «viene la segunda fase del Plan de Recuperación». «Es muy importante ver dónde estamos y cómo vamos a poder gestionar la parte de los préstamos». Además, ha destacado la importancia de la participación del sector bancario y la industria en el proceso de distribución y utilización de estas ayudas. Ha enfatizado que los empresarios son parte fundamental de la solución para la recuperación económica y ha resaltado el valor de la colaboración entre el sector público y privado.
El presidente de la CEOE ha subrayado que, en la segunda fase del Plan de Recuperación, representada por la adenda, implica fondos que alcanzan los 93.000 millones de euros, y por ello es necesario una estrecha colaboración entre diferentes sectores para garantizar el éxito de la implementación de estos fondos y promover la recuperación económica.
En ese sentido, el presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez, ha reclamado que se agilice la publicación y resolución de las convocatorias, así como que se «minimice la carga burocrática» de los proyectos, con plazos más holgados y menores trámites para evitar desincentivar a las empresas. Desde PwC consideran que los fondos continúan siendo una herramienta fundamental en la actualidad, con dos objetivos principales: en primer lugar, acelerar y aumentar las inversiones, que son indispensables para garantizar el crecimiento económico del país; y en segundo lugar, impulsar reformas necesarias para la transformación y la sostenibilidad de la economía.
Flexibilización con el control de Bruselas
Montero ha reconocido las demandas empresariales para acelerar la asignación de los fondos europeos y ha señalado que tomará en cuenta esas preocupaciones. Sin embargo, también destacó la necesidad de que cualquier flexibilización y reducción de la burocracia sea compatible con los controles exigidos por Bruselas. «Se trata de un volumen de recursos que requiere que todos seamos responsables y demos debida cuenta de ellos. La IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) y todos los organismos de fiscalización están a pie de terreno para garantizar que el dinero público va donde tiene que ir», ha dicho la ministra.
La titular de Hacienda se limitó a destacar el «éxito» que han supuesto los fondos europeos. A su juicio, sin ellos «no hubiera sido posible llegar a donde hemos llegado». Además, subrayó que el objetivo es que «lo que queda por resolver en la segunda parte llegue a la capilaridad del tejido productivo».
Montero ha expresado su esperanza de que la segunda fase del plan de recuperación llegue a todo el tejido productivo, y ha señalado que el próximo desembolso de fondos está a punto de ser evaluado por Bruselas. En este contexto, la ministra ha afirmado que España está cumpliendo estrictamente con las reformas requeridas. Este compromiso con las reformas es fundamental para asegurar la continuidad del flujo de fondos y maximizar su impacto en la economía española.
Camino por andar
Hasta finales de 2023, se habrían licitado contratos y convocado subvenciones financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por un monto superior a 70.000 millones de euros, lo que representa más del 88% del total planificado inicialmente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y en las transferencias de la Adenda. Sin embargo, la cantidad resuelta hasta ese momento es menor, alrededor de 33.500 millones de euros, lo que equivale al 42% del total del Plan. Esto indica que aún queda un considerable proceso de resolución pendiente para asegurar la efectiva implementación de los fondos y alcanzar los objetivos establecidos en el plan de recuperación.
La banca será la «gran aliada» del Gobierno
La directora general de la patronal bancaria AEB, María Abascal, ha informado que las entidades financieras están finalizando las herramientas necesarias para gestionar la asignación de préstamos asociados a los fondos europeos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Abascal ha expresado su esperanza de que estos préstamos puedan estar disponibles en el mercado hacia el verano. Esta previsión ha sido respaldada por el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, quien ha situado específicamente el inicio de estos préstamos para el mes de junio.
García de Quevedo ha recordado que el 27 de febrero se aprobaron en Consejo de Ministros las cinco facilidades que gestionará el organismo en el marco de la adenda por importe de 40.000 millones de euros, casi la mitad de los préstamos contemplados en la adenda del Plan de Recuperación.
Abascal ha defendido también que la banca tiene «los atributos adecuados por la gran capilaridad y bases de clientes que tiene el sector», lo que «asegura que gran mayoría de empresas y autónomos puedan acceder a los fondos».
Además, en su discurso ha hecho referencia que hay un cambio de contexto que es evidente. Anteriormente, se movilizaron 140.000 millones con tipos de interés reducidos y una fuerte demanda de liquidez. Ahora, la situación macroeconómica es diferente, con un aumento rápido de los tipos de interés para controlar la inflación. Igualmente, la demanda de crédito ha experimentado una desaceleración en los últimos trimestres. Abascal ha añadido que «el gran reto va a ser generar o encontrar demanda de crédito solvente suficiente», ya que «será lo que determine que podamos colocar esos fondos». Sin embargo, «en los últimos trimestres la actividad crítica se ha desacelerad», con lo que «hay una desaceleración en la demanda de crédito».
Desde el punto de vista de la oferta, estos fondos compiten con otras vías de financiación, por lo que es necesario diseñar incentivos adecuados. Se trata de un proceso más complejo que un préstamo normal, ya que implica consideraciones macroeconómicas y la necesidad de controles adecuados al tratarse de fondos públicos.
Proyectos para empresas más grandes
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha avisado también este jueves que aunque todavía no se dispone de datos que permitan evaluar el impacto real de estos fondos en la economía, la evidencia disponible sugiere que las licitaciones vinculadas al MRR se están asignando a empresas más grandes que en otras licitaciones públicas previas (no relacionadas con el MRR). Además de presentar un mayor tamaño, las empresas adjudicatarias de estas licitaciones son significativamente más productivas y «maduras», presentan un mejor acceso a la financiación bancaria, y sufrieron una menor caída en sus ventas durante la pandemia. Al contrario, las subvenciones vinculadas al MRR se están asignando a empresas comparativamente más pequeñas que en el caso de otras subvenciones, una dinámica parcialmente explicada por la importancia del Kit Digital4.
Estas consideraciones sobre el proceso de licitación y concesión de ayudas del MRR son especialmente relevantes debido a que la misma cantidad de estímulo puede tener un efecto económico diferente según la composición de las empresas receptoras. Introducir un sesgo en el proceso de licitación que favorezca a empresas más pequeñas podría aliviar sus restricciones financieras, acelerando así su crecimiento. Por otro lado, un sesgo hacia empresas más grandes podría tener un efecto económico más rápido, dado su mayor nivel de productividad.
Por otro lado, el impacto transformador de los fondos MRR depende de la selección de proyectos que aumenten la capacidad productiva del país, con un fuerte componente innovador y una alta complementariedad con la iniciativa privada. Es crucial identificar y apoyar proyectos que impulsen la innovación y la colaboración entre el sector público y privado para maximizar el impacto positivo en la economía y la sociedad.
Por último, ha señalado las tensiones geopolíticas internacionales, la incertidumbre con la implementación de los fondos europeos y los posibles efectos de segunda vuelta sobre la inflación, impactará en forma de aumentos de salarios o márgenes empresariales mayores que lo anticipado. «Implicaría una senda de inflación más elevada que la contemplada en el escenario central», ha incidido.
