Hasta las grandes petroleras han llegado los nubarrones del bloqueo político que aqueja al país. En las últimas semanas, los gigantes de la refinería y las estaciones de servicio se han visto empujados a cambiar su estrategia en el Congreso para taponar el agujero del fraude fiscal en la venta de carburante mediante una reforma tributaria. Estas prácticas comerciales ilícitas han alcanzado niveles históricos en España y están alterando el mercado, así como erosionando las arcas públicas, donde el roto roza ya los 3.000 millones de euros anuales.

Las cuatro grandes patronales del sector (Aevecar, AOP, CEEES y UPI), que representan a más de 4.700 empresas y unos 200.000 trabajadores, llevan semanas maniobrando para modificar el actual sistema de tributación del IVA en la venta de combustible, a imagen y semejanza del modelo italiano. Precisamente, fue para atajar el problema del fraude en el sector por lo que el Gobierno del país transalpino introdujo una serie de mecanismos de control que asegurasen que los operadores pagaban el IVA en el momento de extraer el producto del depósito fiscal, algo que no establece el marco regulatorio español. Entre las herramientas de control que plantean desde el sector, se combina la liquidación anticipada del impuesto, la presentación de un aval, o la exención del pago inmediato únicamente para aquellos operadores que puedan acreditar que no tienen deudas con Hacienda.

Hace unos meses, la alianza de asociaciones trató de incorporar esta reforma vía enmienda al último de los decretos anticrisis que el Gobierno convalidó in extremis en el Congreso el pasado enero, con el compromiso de tramitarlo como proyecto de ley. Sobre el papel, esta fórmula permite a los grupos parlamentarios plantear posteriores modificaciones al texto aprobado a través de las enmiendas. Las petroleras llegaron a arrancar el apoyo a su propuesta de Partido Popular, PNV, ERC y Junts, según fuentes conocedoras de la negociación. Pero lo cierto es que, a día de hoy, la tramitación del decreto anticrisis está paralizada. Y, a la vista de la reciente retirada del Gobierno de su propuesta de senda de estabilidad por falta de apoyos, no parece probable que la situación se revierta.

Las petroleras lo han asumido y por eso han cambiado de estrategia. La alianza ha elegido ahora un proyecto de ley «más vivo» para incorporar una reforma que obligaría a modificar la Ley de IVA, tal y como constatan a EL MUNDO hasta tres fuentes conocedoras de las conversaciones. Se trata del proyecto de ley por el que se aplica el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades a las multinacionales y los grupos nacionales de gran envergadura. La norma, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio, avanza con mayor presteza, pues se trata de la trasposición de una directiva europea de 2022 avalada por la OCDE y, por tanto, sujeta los plazos fijados desde Bruselas.

El próximo martes vence el último plazo de ampliación de enmiendas de dicha norma, ideada para evitar el dumping fiscal entre los países de la eurozona. «Es probable es que se prorrogue de nuevo, pero, en cualquier caso, el Gobierno tiene prisa por sacar adelante esta norma si no quiere ser sancionado», expone una fuente del sector. Es por ello que los gigantes de los hidrocarburos se han decantado por esta nueva fórmula y ya han elevado una enmienda que han registrado los mismos partidos políticos que apoyaron su propuesta antes del verano. Dado el amplio consenso que suscita la enmienda y el propio proyecto de ley, todo apunta a que el texto modificado verá la luz antes de 2025.

En paralelo a su actividad en los pasillos del hemiciclo, el lobby de los combustibles fósiles lleva meses cooperando con los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, las dos carteras que lideran esta cruzada. El fraude se disparó un 277% entre 2022 y 2023 y el impago del IVA pasó de 588 millones a 2.000 millones en un año. Parte de ese incremento se explica por la modificación, a finales del pasado ejercicio, de la Ley de Hidrocarburos. El Gobierno la impulsó para prohibir la actividad de ciertos intermediarios que participaban en la cadena, a fin de evitar el fraude, pero concedió una suerte de moratoria de varios meses hasta aplicar los cambios aprobados, un impasse que los defraudadores aprovecharon para exprimir su operativa.

En conversación con este medio, la alianza insiste en la urgencia de que la enmienda se apruebe «cuanto antes», pues asegura que incorporará «medidas contundentes que garantizarán el pago del IVA antes de que el carburante salga de los depósitos en los que se almacena». El tema ya ocupa y preocupa a los primeros ejecutivos del sector. Hace unas semanas, el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, calificó públicamente de «crimen organizado» estas prácticas. Su homólogo en Repsol, Josu Jon Imaz, apeló a una cuestión de «seguridad nacional«.

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