El juez ha pedido que se investigue el expediente de Transición Ecológica que dio luz verde a la licencia a Villafuel
El empresario Víctor de Aldama.
Publicado: 10/03/2025 • 04:30
Actualizado: 10/03/2025 • 11:21
La Justicia busca responsables por la trama de los hidrocarburos del conocido como ‘caso Koldo’. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil resume en sus informes el presunto caso de corrupción por el que se investiga a la operadora de hidrocarburos Villafuel, a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas (entre otros) y a otras empresas vinculadas.
En este escenario, los proveedores de diésel de la trama lo tienen claro y apuntan al Gobierno. «Ellos permitieron que tuviesen la licencia y nosotros le vendimos, no es nuestro problema», apuntan algunos vendedores de diésel de Villafuel a THE OBJECTIVE. Una afirmación con la que tratan de sacudirse cualquier tipo de responsabilidad que pueda existir por alimentar dicho fraude. No obstante, la UCO en atestados de otros casos de fraude de hidrocarburos ha puesto el foco en este tipo de actuaciones por parte de las compañías.
Hace unos días, el magistrado que investiga el caso por el supuesto fraude de al menos 231 millones de euros apuntó al Gobierno. Así, encargó a la UCO que recabase el expediente por el que el Ministerio de Transición Ecológica dio una licencia de operadora de hidrocarburos a Villafuel en septiembre de 2022. Cuando se otorgó la licencia a Villafuel aún no existía el Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales), que se vendió por el Ejecutivo como un «obstáculo» para evitar el fraude, ya que sería necesario no solo el sí de Transición Ecológica, sino además el de Hacienda.
El «error» del Gobierno
Pero el Redef ha recibido fuertes críticas dentro del sector. «En 2023, el Ministerio de Hacienda creó la mayor herramienta para hacer fraude de IVA en los hidrocarburos». Es la frase que comparten los expertos que trabajan cada día en la operativa de los hidrocarburos en España. La Agencia Tributaria puso en marcha a principios de ese año una especie de censo llamado Redef con el objetivo de controlar a todas las empresas del sector y evitar así el fraude. El problema es que, al mismo tiempo, Hacienda les dio el poder a todas las compañías de la cadena para extraer combustible del depósito fiscal.
«Personas sin apenas formación, con sociedades limitadas de 3.000 euros y sin capacidad técnica ni económica pasaron a coger capacidad de almacenamiento de una terminal y además extraer el combustible de allí», señalan las mismas fuentes. El Real Decreto 249/2023 del 4 de abril facilitó a todos ellos cometer el fraude de comprar sin IVA (impuesto sobre el valor añadido) dentro del depósito para vender con IVA fuera de este. El dinero recaudado por la venta del combustible a las gasolineras principalmente no se liquidaba cada trimestre, cuando Hacienda lo solicitaba.
Esta situación generó un nuevo mercado: empresas que se constituían por miles de euros pasaban a valer millones de euros solo con tener acceso al Redef porque había mucha demanda –el apetito del fraude– para comprar una compañía de estas características. Este escenario empujó al Gobierno a actuar y tumbar la posibilidad de que cualquier empresa pudiese vender combustible desde el depósito fiscal. Y así lo incluyó en una medida dentro del Real Decreto 8/2023 contra las consecuencias económicas y sociales de los conflictos de guerra que se aprobó el 28 de diciembre de 2023.
La licencia
La concesión de la licencia a Villafuel se dio en septiembre de 2022, pese a que en abril de 2021 el que controlaba la compañía era Claudio Rivas, socio de Aldama y conocido por sus vínculos pasados en el fraude de los hidrocarburos. De hecho, su nombre ya figuraba en los atestados de la Guardia Civil por sus relaciones con otros empresarios y su implicación en casos de fraude parecidos a los que hoy se investigan.
El principal requisito para conseguir una licencia de operadora es contar con tres millones de euros de capital social o de fondos propios. Hay además requisitos técnicos, como capacidad de almacenamiento (algo que no es fácil de lograr), medidas mínimas de seguridad y medios de recepción y transporte, entre otras. En el sumario del caso, la UCO señala que Villafuel no cumplía con «los requisitos financieros» suficientes.
Según fuentes conocedoras del sector, el tiempo que debería ser normal para obtener una licencia está entre dos y tres meses, pero la realidad es que el plazo medio llega a estar entre los 9 y los 12 meses, e incluso más: algunas voces apuntan a 18 meses. El Gobierno aseguró al PP el pasado noviembre en una respuesta parlamentaria que Transición Ecológica recibió la primera solicitud de Aldama y sus socios el 8 de enero de 2021. «El 8 de diciembre, ante la ausencia de información acreditativa, se comunica a la empresa la inadmisión de nuevo de su solicitud. De hecho, Villafuel presentó formalmente un recurso de reposición contra la inadmisión de su solicitud, reclamando ser dado de alta como operador al por mayor», insiste el texto.
No obstante, la orden de inhabilitación de Villafuel, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mostró que la compañía solicitó el permiso para acceder al negocio de la compraventa de combustible en dos ocasiones. La primera, en enero de 2021, aunque el expediente fue inadmitido en diciembre de ese año, y la segunda petición se realizó en julio de 2022, solo dos meses antes de que obtuviera el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica.
