Para sustituir el parque de turismos, 24,6 millones, habría que matricular 800.000 eléctricos cada año
La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que, a partir del año 2040, no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, ni la circulación de éstos en el año 2050. Esto supone la prohibición de comercialización de vehículos diésel, gasolina, GNC y GLP e híbridos en todas sus tipologías.
Es decir, que en 31 años habría que sustituir el parque de turismos en España, que al finalizar 2018 será de 24,6 millones, lo que significa matricular 800.000 coches eléctricos cada año para llegar a esa cifra, guarismo muy lejos de alcanzar teniendo en cuenta que 2018 cerrará con algo más de 12.000 eléctricos.
Y qué pasará con los 9,2 millones del resto de automóviles que no son turismos, es decir, los 3,2 millones de motocicletas, las 5,5 millones de camiones, los 61.000 autobuses y los 425.000 catalogados por Tráfico como ‘otros vehículos’, más los vehículos del Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional.
El gobierno español argumenta que otros países ya han tomado esta medida, y es cierto, que también que han realizado un estímulo a la sustitución del turismo por un eléctrico. Así, en Alemania a finales de 2017 se destinaron 1.000 millones de euros, en Gran Bretaña en julio se aprobó un plan de 1.500 millones de libras, en Francia se llevan muchos años impulsando un sistema de ‘bonus’ a los vehículos de bajas emisiones y se completa con incentivos por el achatarramiento, pero España sólo ha dedicado 74,5 millones de euros en los últimos siete años.
Y no he entrado en detalles de las red de electrolineras, ni en cómo compensará el Estado la ausencia de ingresos por el impuesto de hidrocarburos (el 70% del precio del combustible son impuestos), ni cuanto costará el kW de recarga, ni qué pasará cuando millones de coches eléctricos se enchufen a la red, ni en cómo producir tantos vehículos eléctricos.
