El Partido Popular consigue los apoyos de PNV y Junts para asestar un nuevo golpe al Gobierno. Los nacionalistas vascos y catalanes respaldan la enmienda presentada por el grupo de Alberto Núñez Feijóo que ha derogado el gravamen temporal a las energéticas, lo que impide que el Ministerio de Hacienda pueda prorrogarlo el próximo lunes para aplicarlo en 2025, como se había comprometido a hacer con los grupos de izquierda. Fuentes del departamento de María Jesús Montero explican a este medio que este escenario lleva a aprobarlo de nuevo en el próximo Consejo de Ministros a través de un Real Decreto-ley que no reunirá los apoyos para ser convalidado.

El Congreso de los Diputados tenía que decidir este jueves si incorporaba las enmiendas presentadas por el PP en el Senado a la reforma fiscal y la número 54, ya incorporada en la tramitación en el Senado con la abstención de estos dos grupos y Coalición Canaria, eliminaba el gravamen temporal aprobado en 2022 en el marco de la crisis de precios generada por la guerra de Ucrania. El gravamen a las compañías energéticas no formaba parte del proyecto de ley que establece un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las multinacionales, pero tanto Podemos como EH Bildu, ERC y BNG condicionaron su respaldo en la Comisión de Hacienda a la extensión de este gravamen y la posterior aprobación de un impuesto permanente que sí pudiera concertarse para que las haciendas forales gestionen los fondos o establezcan nuevas bonificaciones o tipos.

Desde Junts y PNV han contextualizado este apoyo -han pasado de la abstención al ‘sí’ respecto al martes- en la protección de inversiones clave del sector y en lo negociado con el PSOE. La formación encabezada en el hemiciclo por Miriam Nogueras consensuó deducciones para las compañías que invirtieran en la descarbonización de cara a la aprobación del impuesto permanente, a la par que la de Aitor Esteban había destacado la diferencia de que el nuevo tributo sí pudiera concertarse, a diferencia del gravamen temporal al que se le había aprobado como una prestación patrimonial de carácter no tributario y no como un impuesto. Los grupos de izquierda han aceptado estos dos puntos, por lo que instaron a incluir las deducciones en la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley del gravamen que se aprobará de nuevo la próxima semana, algo que no podrá hacerse sin que haya sido convalidado previamente.

Esta votación es el resultado de las negociaciones ‘in extremis’ que ha encabezado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, con las dos formaciones nacionalistas a lo largo de las últimas dos jornadas, después de que los grupos de la Cámara Alta abrieran la puerta a este paso que explicaron, no vulneraba lo pactado con Hacienda sobre el grueso de la reforma fiscal (donde sí se incluyó el nuevo impuesto a la banca que contará con diferentes deducciones). Y que se materializa además, después de que los catalanes y los ‘populares’ introdujeran otra enmienda en la norma que regula las emisiones de carbono para anular el impuesto a la generación de energía eléctrica y se encuentra en una fase preliminar una tramitación que los partidos del Gobierno han bloqueado.

Fuentes gubernamentales restan importancia a este movimiento, ya que puede repararse con la aprobación de un nuevo Real Decreto-ley en la reunión de los ministros del próximo lunes, que se espera que sea la última del año. No obstante, admiten la dificultad de sostenerlo una vez llegue al Congreso de los Diputados. Hacienda tiene solo 30 días para conseguir convalidarlo o de lo contrario, queda borrado del BOE. Es por esto que la derogación del gravamen no cambia sustancialmente el escenario respecto a lo ya previsto, el equipo de Montero contaba con que PNV y Junts tumbarían el gravamen de 2025 por lo que con este gesto solo buscaban un cumplimiento formal de los acuerdos sellados con los socios de izquierda. Algo que reprocharon desde Podemos y que confirmaron los trabajos para ultimar una subida del impuesto al diésel que fue apartada de la reforma fiscal por los ‘morados’ .

Expertos consultados por elEconomista.es ya señalaron tras el primer acuerdo de las fuerzas progresistas que el ministerio de Hacienda no iba a llegar a exigir a las compañías el abono de la cuota correspondiente a 2025 con la certeza de que el gravamen iba a ser tumbado. El diseño vigente hasta esta votación recogía que el impuesto se abonaba en dos pagos, uno programado para febrero y otro para septiembre, por lo que la extensión habría sido tumbada antes de alcanzar el primero de estos plazos y habría quedado eliminada la obligación. Además, en el caso de que se hubieran extendido de alguna manera los plazos, fuentes jurídicas apuntaban a que el Gobierno no iba a reclamar el abono de una tasa que después sería calificada como ingreso indebido y tendría que ser devuelta a las compañías afectadas con abono de intereses.

El líder del PP ya se había mostrado optimista este miércoles respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo con las dos formaciones que entienden próximas en materia económica, tras respaldar dos retoques menores propuestos por Junts en la tramitación del Senado. Eran dos enmiendas dirigidas a extender a la leche fermentada la rebaja del IVA al 4% que ya se aplicaba a los productos lácteos esterilizados o en polvo y liberar a los entrenadores o monitores de clubes, asociaciones o entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro del pago de cotizaciones.

Su impacto es por tanto reducido respecto al paquete de medidas que había impulsado el principal partido de la oposición que abogaban por deducir el impuesto a la banca a las compañías que facilitaran el acceso a la vivienda a los jóvenes, bonificar el IRPF en los primeros años de cotización o aplicar cero impuestos a las gestiones que tienen que realizar los afectados por la DANA respecto a su vivienda y a sus vehículos. Todas ellas no han contado con el respaldo de PNV o Junts, ya que afectaban directamente a lo acordado con Hacienda, sin embargo, los ‘populares’ valoran esta votación como una nueva victoria.

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