No es sólo Repsol. Hay un cierre de filas entre los grandes grupos del sector nacionales y extranjeros. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) que integra a, Repsol, Cepsa, Galp y BP ha emitido un duro comunicado contra el llamado impuestazo energético que pretende perpetuar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y cuantifica que la inversión conjunta que pone en peligro el Gobierno son 16.000 millones de euros hasta 2030.

«La AOP advierte de que establecer un impuesto permanente al sector energético, dando continuidad al gravamen temporal que finaliza el 31 de diciembre, comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor».

Calcula que «las empresas del sector tienen previsto dedicar a ese fin más de 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones en nuestro país. Además, la falta de estabilidad regulatoria perjudica la reputación como país y la Marca España, así como la percepción y valoración del clima económico que hacen los inversores e instituciones internacionales». La AOP se pronuncia así tras la decisión de Repsol, de la que informó este diario el pasado domingo, de trasladar un primer proyecto a Portugal en protesta.

Todo ello, en su opinión, «supone un importante riesgo para el desarrollo de los combustibles renovables y el hidrógeno renovable, impactando negativamente en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del PNIEC [el plan medioambiental del Gobierno]».

Se trata además de una medida fiscal que favorece a sus competidores en otros países. «Un nuevo gravamen energético permanente convertiría a España en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada».

Esgrime esta asociación que «el informe Draghi advierte que la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en EE.UU. o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que este tipo de gravámenes deben ser limitados y temporales».

Se apoya también en que «la Comisión Europea ha señalado que las empresas del sector energético se encuentran en una situación diferente a la vivida en 2022 durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Por ello, establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente».

Por su parte, la ministra de Hacienda ha afirmado este jueves que la voluntad del Gobierno es seguir adelante con la permanencia del impuesto, aunque ha admitido que sin respaldo parlamentario no sería posible. Nos parece que es una figura tributaria que cumple muy bien con su función y que incluso también en el conjunto de Europa fue adoptada durante el tiempo de la pandemia. Ahora le queremos dar una mayor continuidad. Ojalá podamos conseguir los apoyos», ha manifestado, según Europa Press.

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