Los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya han dado cuenta de la primera inhabilitación de un operador al por mayor de hidrocarburos por irregularidades en la mezcla de combustibles, es decir, el incumplimiento de la obligación de añadir al producto de origen fósil una parte de biocarburantes. Se trata de la firma Biomar Oil que, presuntamente, habría acumulado una deuda con el sistema de más de 200 millones en 2023, según fuentes conocedoras.

Las empresas que comercializan gasolina o diésel al por mayor tienen en España la obligación de sumar una parte de combustibles de origen renovable a su producto final. El año pasado, el peso de estos ‘bios’ debía alcanzar, al menos, un 10,5% de las ventas totales. La medida es clave para cumplir los objetivos europeos de penetración de energía verde en el transporte y, por ende, de descarbonización.

La ley contempla una suerte de bula. Aquellas empresas que no hayan podido cumplir o acreditar que han alcanzado ese porcentaje en su mezcla pueden realizar un pago compensatorio estipulado en 1.623 euros por cada certificado no aportado. Esos títulos se registran en el llamado Sistema de Certificación de Biocarburantes (Sicbios), que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. En 2023, el déficit de certificados implicó un coste para el sistema de 581 millones de euros, una subida considerable frente a los alrededor de 20 millones de 2022.

A lo largo del pasado ejercicio, Biomar Oil no habría logrado acreditar ante el departamento que dirige Teresa Ribera que su producto contiene el porcentaje ‘bio’ que exige la ley. Tampoco habría pagado la compensación correspondiente, una infracción tipificada como ‘muy grave’ por la Ley de Hidrocarburos, que el Gobierno reformó a finales de 2023, precisamente, para poner coto al fraude, fiscal y de biocombustibles, que se había disparado en el sector. Ambos incumplimientos han derivado en la inhabilitación de la empresa, hace apenas unos días, por parte del ministerio energético.

Consultada por este medio, Biomar Oil se ha remitido a una nota interna que ayer difundió entre sus clientes y proveedores, en la que asegura que ha presentado un «recurso de disconformidad» y alega que su situación «viene motivada por la potestad sancionadora temporal» del Ministerio que, asegura, «no acepta nuestro informe del Sistema de Obligaciones de Sicbios» y apunta que la cartera maneja «datos que no se corresponden con la realidad». Por su parte, en Transición Ecológica se han limitado a aludir a las medidas aprobadas en la citada reforma del marco regulatorio del sector.

Como apuntan desde Biomar, su incapacitación es, por ahora, temporal. Así lo refleja el registro oficial de operadores de Competencia, donde el grupo ya figura como ‘baja’. Si bien, la envergadura de las obligaciones pendientes de pago del grupo, que concentra el 37,5% del total adeudado por el sector en 2023, complican su situación.

Biomar Oil, en cualquier caso, afronta este procedimiento con liquidez. Entre 2021 y 2022, últimas cuentas de las que hay registros, su facturación pasó de 25 millones a más de 1.000 millones. En 2023, apuntaba a doblar ingresos. El contexto era propicio: un cambio de propiedad que aumentó su foco de lo local a lo nacional y precios de la energía disparados. Pero el salto de las ventas, también llamó la atención de las autoridades tributarias, según informó en su día este medio.

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