El pacto de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no levanta la lupa de la energía. El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, plantea romper con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y arrebatar al regulador que actualmente preside Cani Fernández las funciones sobre este sector para volver al modelo anterior a la reforma impulsada por el Gobierno popular de Mariano Rajoy en 2013, que dio lugar al apodado como Supervisor Mayor del Reino.

En detalle, lo que plantea el acuerdo que ambas formaciones terminaron de pulir en la noche del lunes es la constitución de una Comisión Nacional de la Energía. «Un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática. También se reforzarán sus capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores», recoge el pacto entre PSOE y Sumar.

Para sorpresa de algunos, la división de la CNMC es una medida que han solicitado con ahínco las propias eléctricas, según fuentes internas del regulador que apuntan, sobre todo, a Iberdrola. Y es que estas compañías venían reclamando un interlocutor específico que pudiera abordar las problemáticas del sector con mayor rapidez y eficacia. De hecho, el propio Partido Popular que impulsó hace diez años el supervisor único había empezado a estudiar la segregación del mismo en organismos sectoriales, como adelantó este diario.

No es la única referencia a un sector que lleva meses en el punto de mira del Gobierno de coalición, pues el acuerdo también establece que ambos socios trabajarán para reforzar los instrumentos institucionales para «limitar la excesiva concentración empresarial y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas».

Aunque el documento no entra en detalles, este punto está alineado con una de las propuestas del programa electoral de Sumar que apuntaba a romper desde el Gobierno la integración vertical de las grandes energéticas, es decir, que empresas del mismo grupo no puedan concentrar, como ocurre ahora, todas las actividades de la cadena de valor del sector (generación, distribución y comercialización).

Esto, que no aparecía en el programa electoral del PSOE para los comicios del 23 de julio, ha entrado a formar parte de los postulados recogidos en un paco que, en líneas generales, ofrece pocas concreciones y ha abierto la veda a la especulación en el sector.

Para garantizar que dicha concentración empresarial se rompe, el pacto apuesta por revisar la Ley de Defensa de la Competencia, de 2007, y la Ley de creación de la CNMC, de 2013. «Además, se dotará de más medios a los organismos reguladores para que puedan llevar a cabo correctamente su tarea de supervisión», anticipa el texto del acuerdo.

¿NUEVO PLAN DE HIDRÓGENO?

El acuerdo fija matices a la estrategia nacional del hidrógeno que se encuadran en los postulados de la formación que dirige la ministra de Trabajo en funciones. «Apostaremos por el despliegue racional del hidrógeno renovable atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España (…) se destinará a procesos de difícil electrificación, como ciertos usos industriales, transporte pesado terrestre, aviación, transporte marítimo».

Este punto está redactado literalmente como lo recogía el programa electoral de Sumar para las pasadas elecciones, que además apostaba por «revisar la actual hoja de ruta del hidrógeno evitando procesos especulativos como el H2Med». Esto último, que cuestionaba una de las apuestas estrella del equipo de Pedro Sánchez, sin embargo, no figura en el reciente acuerdo bipartito.

EL CERCO, TAMBIÉN FISCAL

Era un secreto a voces. Si ha habido un escollo para la alianza entre PSOE y Sumar no ha sido el cerco fiscal a la gran empresa. En el reciente pacto, ambas formaciones han acordado revisar los gravámenes sobre banca y energéticas, a fin de «readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual». El objetivo es que «ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al Estado de bienestar».

Además, el documento anticipa una nueva política fiscal más orientada a los compromisos sostenibles. «Avanzaremos en una fiscalidad verde que seguirá la premisa de quien contamina paga, pero evitando que el que pueda pagar siga contaminando‘».

Fuente