Vamos a cortar por lo sano. Emmanuel Macron se equivocó al lanzar una bomba retórica el jueves 11 de mayo, cuando llamó a una “pausa regulatoria” en la legislación ambiental. Y fue una verdadera lástima porque poco después de hacerlo dijo algo importante que pasó desapercibido para los analistas: Europa y Francia corren el riesgo de “ser los mejores en términos de regulación y los peores en términos de financiación”.
Después de cuatro años de votaciones y decisiones de la UE sobre su Green Deal, ahora se puede considerar a Europa como la entidad política con mejor desempeño del mundo en la regulación climática. Sin embargo, este logro sigue siendo insuficiente para cumplir con el Acuerdo de París, y ya están en marcha varias negociaciones de la UE que deben finalizar para brindar visibilidad regulatoria y permitir que los actores públicos (Estados y autoridades locales) y privados -empresas y hogares- inviertan sin temor en la transición. Sin embargo, a un año de las elecciones de la UE, habrá, de hecho, una especie de “pausa regulatoria”.
Se necesitará financiación pública a largo plazo para apoyar la implementación de estas regulaciones, cuyo objetivo es transformar radicalmente la economía en 25 años y lograr la neutralidad de carbono. Y, al mismo tiempo, adaptarse a los cambios climáticos que ya están en marcha. Edificios, transporte, ordenación del territorio, agricultura, industria… tendremos que invertir en nuestra infraestructura pública y proporcionar asistencia financiera a empresas y hogares, especialmente a los más vulnerables.
Y sí, existe el riesgo de ser el de peor desempeño en términos de financiamiento. La UE no tiene un plan europeo de inversiones, ninguna estrategia europea para financiar la transición capaz de dar visibilidad a todos los actores, y no hay una respuesta organizada y sistemática a las acciones de otras potencias, en particular la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Esencialmente, hubiéramos preferido que el presidente hubiera dicho: “Debido al increíble trabajo regulatorio llevado a cabo a nivel europeo durante los últimos cuatro años, ahora somos los reguladores con mejor desempeño del mundo en lo que respecta a la protección del clima. Y durante los próximos cinco años, debemos convertirnos en los mejores al avanzar en el financiamiento de la transición”.
Con un discurso en esta línea, en lugar de centrar la atención en una pausa regulatoria, se podrían haber iniciado las discusiones sobre el financiamiento de la transición, planteando dos preguntas esenciales:
En primer lugar, ¿qué debe defender Francia para garantizar que la UE adopte un plan de inversión climática? Este plan debería comenzar en 2024, con la próxima Comisión. ¿Qué coaliciones deberíamos construir, con qué Estados miembros y qué eurodiputados?
En segundo lugar, ¿qué puede hacer Francia para dar el ejemplo? En 2022, el presidente, entonces candidato, prometió 10.000 millones de euros anuales adicionales en el presupuesto nacional para financiar la transición. En la Ley de Finanzas inicial para 2023, solo hay 3.500 millones de euros adicionales. Por el momento, no hay una visibilidad plurianual para esta financiación estatal.
Francia puede liderar el camino implementando de inmediato el plan de financiación de transición esbozado durante la campaña presidencial. Y programando la financiación pública necesaria en el tiempo.
Benoît Leguet. Director ejecutivo de I4CE, el Instituto de Economía del Clima.
