La asociación de fabricantes ha pedido al Gobierno que lance «un plan nacional» porque la territorialización de las ayudas a las energías alternativas está perjudicando su ejecución.
Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac.
Por Ignacio Anasagasti | Madrid
El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, ha anunciado que van a presentar al Gobierno una serie de propuestas para que el futuro plan de ayudas para la movilidad tenga «un carácter nacional», con una bases y una convocatoria única, porque el actual Moves, cuya dotación presupuestaria y funcionamiento se ha territorializado entre las comunidades autónomas, «no está funcionando adecuadamente».
El directivo de la asociación de fabricantes de vehículos, en el marco de la presentación a prensa del Anuario 2018 de la organización, se ha mostrado especialmente crítico con la obligación de achatarrar un vehículo de más de 10 años que estableció el IDAE, porque «no funciona» cuando se aplica con los coches eléctricos y sí con los de combustión, como se fijaba en los pasados programas PIVE. «Muchas veces son las empresas o gente joven las que buscan comprar un automóvil eléctrico y no tienen ninguno para achatarrar», sentenció.
Esta exigencia de achatarramiento está provocando que las líneas para la adquisición de vehículos en la autonomías que las tienen en vigor —el Moves no se ha lanzado todavía en Cantabria, Extremadura y La Rioja y en el caso de Murcia los incentivos todavía no están disponibles- se estén gastando lentamente, en comparación con lo que sucedía con el Movalt de ejecución nacional, que se agotó en 24 horas. Así, tal y como adelantó La Tribuna de Automoción ayer y publica en su último número, de entre todos los territorios tan solo en Navarra y Castilla y León se habrían consumido todos los fondos para tal fin.
Armero también apuntó que la operativa de que vayan saliendo los planes en diferentes fechas en cada autonomía «no permite una acción comercial única de los fabricantes», lo que estaría restando su impacto, al tiempo que reivindicó que “los concesionarios tendrían que estar más involucrados”, toda vez que en las bases del programa se establece que la petición de la subvención corre a cargo del beneficiario.
«Es posible un plan nacional»
La decisión del Gobierno del PSOE de territorializar las ayudas del Moves respondió a que la gestión de estas partidas e iniciativas sería competencia autonómica, lo que quedó patente en una sentencia del Supremo ante un recurso de Cataluña. A preguntas de este medio, el vicepresidente ejecutivo de Anfac reconoció este punto, aunque subrayó que se podría sortear “por la vía de una ley que argumentase la necesidad de que los planes sean nacionales porque se trata de una emergencia climática”.
“Hemos estado con abogados y se puede intentar”, añadió Armero, quien enfatizó que “alguna autonomía además cree que es mejor un enfoque nacional por necesidades operativas y logísticas”.
La reivindicación de Anfac se enfrenta a un escenario complicado, puesto que, incluso, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha señalado públicamente que ya tienen diseñado un futuro plan de 200 millones de euros, para achatarramiento y para vehículos de bajas y cero emisiones, y que se pondrá en marcha, cuando haya Gobierno y Presupuestos, de manera regionalizada. “Se hará por comunidades porque Cataluña tiene transferida la competencia y lo exige una sentencia del Supremo”, expuso en una entrevista con El País.
