El principal subsidio a los combustibles fósiles en España es la baja fiscalidad que aplica a la gasolina y el diésel, con una carga impositiva inferior al promedio de la Unión Europea, según se desprende de los informes mensuales sobre carburantes que publica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esa baja fiscalidad se considera un subsidio a estos productos, que en el caso del diésel es todavía más evidente al ser inferior a la de la gasolina.

En el PNIEC, el Ministerio para la Transición Ecológica define como subsidios la exención o reducción de determinados impuestos a algunos colectivos. Es el caso de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos por el uso del gasóleo en la agricultura y ganadería, así como en el uso profesional y el transporte de mercancías, pasajeros y taxi. También los tipos impositivos reducidos que aplican al gasóleo utilizado como carburantes en vehículos especiales o de vehículos agrícolas y, en general, como combustible para la calefacción, el GLP y gas natural destinados a usos distintos a los de carburante o en motores estacionarios, con fines profesionales, y el queroseno destinado a usos distintos de los de carburante. 

Para eliminarlos subsidios, el departamento que dirige Teresa Ribera plantea medidas poco concretas, como no otorgar nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos o dar ayudas a las alternativas renovables. Pero la Comisión pide «explicar con más detalles sobre cómo y cuando España planea eliminar los subsidios a los combustibles fósiles».

Gestión del agua

Bruselas también recomienda a España «prestar especial atención a la gestión del agua» debido a «los riesgos de interrupción del suministro eléctrico, ya que las inundaciones, el calor y la sequía afectan a la producción de energía». Sin ir más lejos, el año pasado, la sequía llevó a esta producción hidráulica a su nivel más bajo desde que hay registros, lo cual hace mella en los precios de la electricidad porque su alternativa natural es la producción con ciclos combinados (centrales que queman gas). Y pide especificar la cantidad de reducción del consumo de energía que se logrará con la mayor eficiencia de los edificios públicos y explicar las medidas sobre pobreza energética con objetivos «mesurables y específicos» y «detalles sobre los recursos financieros» para poner en marcha estas medidas.

Además, reclama a este país detallar cómo quiere reducir la demanda de gas y qué políticas y medidas prevé poner en marcha para alcanzar ese objetivo a 2030, una evaluación de la situación interna de la biomasa forestal con fines energéticos y «más medidas para promover la producción sostenible de biometano, «dado el potencial sostenible del biometano en España, su perfil de consumo de gas y la infraestructura existente». Esta es una de las principales reclamaciones de las empresas gasistas españolas, integradas en Sedigas, que estiman un potencial de producción de hasta 163 teravatios-hora (TWh), suficiente para descarbonizar el 45% de la demanda nacional de gas natural.

También recomienda «evaluar» la infraestructura petrolera (refinerías y reservas de petróleo) para «la esperada reducción de la demanda de petróleo y el avance hacia alternativas bajas en carbono», establecer un «subobjetivo» para biocombustibles avanzados y combustibles renovables de origen no biológico en el transporte y explicar qué «reformas y medidas» se pondrán en marcha para movilizar las inversiones privadas previstas en el plan y que ascienden a un total de 250.000 millones euros.

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