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El Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy, martes, 25 de octubre, ha publicado la Orden TED/1009/2022, de 24 de octubre, por la que se establecen el listado de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes obligadas a instalar infraestructuras de recarga eléctrica y las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento (consulta el texto íntegro de la orden aquí).
Es importante reseñar que la Orden Ministerial publicada hoy en el BOE no incluye el listado de las estaciones de servicio obligadas a instalar un punto de recarga eléctrica. Por el contrario, en su artículo 5 se limita a informar de que en el plazo de quince días el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comunicará a los órganos competentes autonómicos las resoluciones que contengan los listados de instalaciones cuyos titulares estén obligados a instalar infraestructuras de recarga eléctrica en cada una de las comunidades autónomas.
El órgano competente autonómico tendrá entonces un plazo de 30 días para notificar a los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes obligados a instalar, al menos, una infraestructura de recarga eléctrica, su inclusión en dicho listado. Además, el órgano competente autonómico notificará a los sujetos titulares que inscriban una nueva instalación en el correspondiente registro autonómico su obligación de instalar una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación. Esta obligación es también aplicable a aquellas estaciones de servicio que acometan una reforma que requiera una revisión del título administrativo, en ambos casos con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 20 de mayo. Por eso, como ya os dijimos en su momento, es aconsejable que antes de hacer una reforma consultéis con vuestros respectivos ayuntamientos si ésta requerirá de la revisión del título administrativo de la estación.
Una vez recibida la notificación, la estación tendrá un plazo de quince días para la presentación de alegaciones. Transcurrido dicho plazo, el citado órgano podrá solicitar cuanta información sea necesaria y la documentación que se estime oportuna a los titulares de las instalaciones obligadas, con objeto de determinar la existencia de causas de excepción o imposibilidad técnica para el cumplimiento de la obligación de instalación de puntos de recarga.
Cabe recordar que la Orden Ministerial aprobada hoy contempla tres supuestos de exención o imposibilidad técnica, que se detallan a continuación:
- a) Instalaciones en las que ya se encuentre situado un punto de recarga que preste servicio, siempre que éste opere en corriente continua y cuente con una potencia igual o superior a la que debe instalar en virtud del artículo 15 de la Ley 7/2021.
- b) Las instalaciones en las que no se puedan cumplir las condiciones técnicas o los requisitos de seguridad industrial que deben reunir estas instalaciones, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias, reglamentos de seguridad o cualquier otra normativa de aplicación que afecten a las instalaciones o equipos de las mismas.
- c) Las instalaciones en las que la distribuidora eléctrica propietaria de la red de distribución eléctrica o la transportista eléctrica, en su caso, a la que se proyecte conectar el punto de recarga determine la inviabilidad técnica de la acometida eléctrica necesaria.
Las estaciones de servicio obligadas a instalar un punto de recarga en virtud de la Ley 7/2021 pero que puedan justificar debidamente ante el órgano competente en materia de registro de instalaciones de suministro de productos petrolíferos de la comunidad autónoma la existencia de alguno de los motivos de excepcionalidad o imposibilidad técnica mencionados anteriormente quedarán liberados de dicha obligación. No obstante, esta justificación podrá ser revisada cada dos años.
En el caso de recibir alegaciones por parte de un sujeto obligado, el órgano competente autonómico resolverá expresamente la existencia o inexistencia de tales causas de excepción o imposibilidades técnicas para el cumplimiento de la obligación de instalación del punto de recarga. En tal caso, deberá notificar dicha resolución tanto al titular de la instalación como a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un plazo de quince días a contar desde el final de plazo conferido para presentar alegaciones a los sujetos obligados.
Cuando la causa de excepción sea la inviabilidad técnica de la acometida eléctrica a la red de distribución, las comunidades autónomas informarán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre las previsiones de resolver dicha inviabilidad en los planes de inversión de la distribuidora eléctrica.
Las estaciones de servicio que reciban la notificación relativa a su inclusión en el listado y no presenten alegaciones ante el órgano competente autonómico en el plazo de quince días resultarán obligados a instalar el cargador correspondiente en cada caso sin necesidad de resolución expresa del órgano competente autonómico.
En 2023 y a partir de entonces cada dos años, la Secretaría de Estado de Energía establecerá mediante resolución el listado de nuevas estaciones de servicio obligadas a instalar puntos de recarga, tomando como base las ventas anuales del penúltimo ejercicio (n-2) al de la publicación de la resolución, considerándose «n» el año en el que se publica la resolución. Es decir, para el listado de 2023 se tendrán en cuenta las ventas del ejercicio 2021. Las estaciones obligadas a instalar puntos de recarga según el criterio recogido en la Ley 7/2021 no podrán aparecer de nuevo en un listado de instalaciones obligadas en las resoluciones de años posteriores, independientemente de los posibles cambios en sus ventas anuales, sin que ello implique el cese de las obligaciones derivadas de listados aprobados con anterioridad.
Una de las principales novedades de la orden publicada hoy en el BOE es que las estaciones de servicio obligadas a instalar puntos de recarga en virtud de la Ley 7/2021 pueden cumplir ese requerimiento si el punto de recarga está explotado por terceros, siempre que estos puntos de recarga se encuentren en la propia estación de servicio o en terrenos adyacentes a la misma. En este último caso, los terrenos deberán pertenecer al mismo titular de la estación de servicio o a un tercero con el que el titular de la instalación llegue a un acuerdo comercial a tal efecto. En cualquier caso, el punto de recarga deberá estar localizado a una distancia inferior a 300 metros de la estación y no contará para cumplir con la obligación de la estación de servicio si ese terreno adyacente ya está, por su propia naturaleza, sujeto a la obligación de instalar un punto de recarga.
Los organismos competentes para velar por el efectivo cumplimiento de estas obligaciones serán las CCAA, que anualmente enviarán un informe al Ministerio en el que detallarán el grado de cumplimiento por parte de los sujetos obligados en los respectivos territorios. El régimen sancionador aplicable será el establecido en el título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en virtud de sus disposiciones estatutarias o de acuerdo con la legislación sectorial vigente.
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