La todavía en funciones ministra de Trabajo y Economía Social, Yolada Diaz, ha avanzado que una de sus primeras medidas tras la constitución del nuevo Gobierno será reunir a los agentes sociales para «seguir subiendo el SMI». La excusa es mantener este indicador en línea con el «60% del salario medio» según lo que establece la Carta Social Europea, un objetivo que supuestamente ya se cumplió al final de la Legislatura anterior. Pero los sindicatos, los únicos que han apoyado a Díaz en su hoja de ruta, no están conformes y presionan ahora con una subida que pase de los 1.080 mensuales actuales (en 14 pagas) a, como mínimo, 1.200 euros. Una insistencia que beneficia a Díaz, que tendrá via libre para romper este techo en la próxima Legislatura.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2023 se incrementó en España hasta 1.260 euros mensuales (1.080 euros en 14 pagas). Esto supuso un aumento del 8% con respecto a 2022, cuando este era de 1.167 euros, lo que se traduce 93 euros más con respecto a 2022. Sin embargo, la duda es cuál es el salario medio que se usa de referencia, ya que, aunque hay muchos datos de retribuciones en España, la mayoría se publican con un decalaje de uno o dos años.
Sin embargo, los sindicatos esgrimen otro indicador, el de los ingresos medios de Eurostat, que apunta que la última subida del SMI español se quedó corta. Según los datos del organismo europeo, en 2022 el salario medio bruto individual era de 28.369 euros anuales, lo que implican 2.363,36 euros mensuales en 12 pagas y 2.026 en 14 pagas. El 60% son 1418 y 1.215 euros respectivamente. Solo compensar este desajuste supondría elevarlo un 12% para 2024, lo que la convertirá en la mayor subida de este indicador desde 2019 cuando se elevó un 22,3%.
El Gobierno defiende la subida del SMI como una forma de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores ante una subida de la inflación que actualmente se sitúa en el 3,5%, menos de un tercio de lo que los sindicatos quieren subir el salario mínimo.
Por el momento, Díaz evita responder públicamente a las centrales y vuelve a escudarse en la comisión de expertos sobre el SMI creada en 2021 para las últimas subidas del SMI, a quienes encargará un estudio sobre el impacto que ha supuesto elevarlo un 47% desde 2019. Se da la circunstancia de que un informe similar fue encomendado a Sara de la Rica, una de las miembros de este grupo. Sus resultados, que apuntaban a un cierto impacto negativo en el empleo, fueron motivo para que Trabajo se negara a publicarlo hasta que se vio obligado a hacerlo por la Ley de Transparencia. Tras este episodio, De la Rica abandonó el comité (en el que no participan ni CEOE ni Cepyme).
En cualquier caso, la existencia de este comité y sus resoluciones no tienen verdadero impacto sobre una decisión que es política. Algo que incluso defiende el propio número dos de Díaz, Joaquín Pérez Rey, que en algunas quinielas suena como futuro ministro de Trabajo mientras la líder de Sumar ocupa una cartera trasversal como vicepresidenta primera. De hecho, las últimas subidas se han cerrado como acuerdo estrictamente bilateral entre el Gobierno y los sindicatos, con el rechazo explícito de la patronal.
Sin la barrera de Calviño
El inédito contexto político que ha alumbrado al Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar refuerza todavía más el poder para negociar de CCOO y UGT. Máxime cuando ambos han sido críticos con los acuerdos del PSOE con las foramciones nacionalsitas e independentistas. Ambas centrales son conscientes de que al Ejecutivo le urge alcanzar acuerdos de políticas social que compensen el rechazo ciudadano a medidas como la amnistía por el ‘procés’ catalán.
UGT ha dado muestras ya de lo que puede suponer este «tira y afloja», proponiendo volver a la indemnización de 45 días por despido improcedente, previa a la reforma laboral de 2012, una idea que trastoca los planes para la revisión del coste de los ceses que prepara el Gobierno.
Aunque esta presión juega también a favor ed Díaz, que se vio obligada a aceptar una redacción demasiado ambigua en el texto del acuerdo que firmó con Sánchez para reeditar la coalición. El documento se limitaba a indicar que «el SMI seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio». Y es que el ala socialista, liderado por la vicepresidenta económica Nadia Calviño, se ha mantenido reacia a las subidas del SMI por su impacto en la economía y el empleo.
La previsible salida del Calviño del Gobierno para presidir el BEI despeja el camino a Díaz a plantear subidas del salario mínimo mucho más ambiciosas y que refuerzan su papel de garante de políticas sociales en un Ejecutivo en el que, salvo sorpresa, tampoco logrará la competencia sobre materias tan rentables electoralmente como las pensiones. Está por ver si logrará superar los 1.200 euros de SMI ya en 2024, pero todo apunta que este umbral quedará liquidado antes de que acabe la próxima Legislatura.
