El Ministerio de Trabajo prepara un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que comenzará a trabajar este martes con la reunión de la comisión asesora. El grupo de expertos elaborará una recomendación al departamento de Yolanda Díaz, no obstante, el 5% ya se ha impuesto en el horizonte de los negociadores, dado que es la cifra que se han fijado CCOO y UGT recientemente pese a no haber sido presentada formalmente, y ya podría influir en la decisión final que baraje Moncloa. Aún no ha sido convocada la mesa de negociación, en la que también estará presente la patronal, si bien los sindicatos se inclinan por una subida similar a la de 2024, lo que llevaría la remuneración mínima hasta los 1.190 euros brutos al mes que casi triplicaría la inflación acumulada desde el inicio del año.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de esta cartera evitó avanzar qué cuantía usarían de punto de partida en el diálogo con los agentes sociales, a falta de conocer el abanico que esbozará el informe, pero sí se ató al 60% del salario medio que recoge la Carta Social Europea y que su ministerio dio por alcanzado en 2023, por lo que solo sería necesario actualizar la cifra de acuerdo con los sueldos. Estos se incrementaron un 3,82% de media en octubre, según el dato de los convenios negociados este año, mientras que la inflación acumulada el mes pasado era del 2,1%, de acuerdo con el INE y la interanual del 1,8%; un valor que se vería casi triplicado por el alza propuesta por los sindicatos.
Este aumento continuaría la senda iniciada desde el 2018 con la llegada de Pedro Sánchez al palacio de La Moncloa, cuando el SMI se elevó un 22% para situarlo en 900 euros mensuales tras alcanzar un pacto con Podemos poco después de la moción de censura. Desde entonces se produjeron otras cinco subidas consecutivas a las que todo apunta que se sumará otra más en 2025, cuando se acumularía un incremento del 57% si la ministra atiende la reclamación expresada por los representantes de los trabajadores y añade 56,7 euros a cada una de estas 14 pagas.
Es habitual que CCOO y UGT defiendan posiciones comunes en las mesas de negociación y trasladen propuestas conjuntas al Ejecutivo. Pero el año pasado esta mesa de negociación sacó a relucir algunas diferencias entre las organizaciones, pese a que ambas defendían el 5% aplicado finalmente. El sindicato de Pepe Álvarez no compartía el método empleado por el grupo de expertos -directamente elegido por Trabajo- para determinar el salario medio. La citada comisión emplea la Encuesta de Estructura Salarial y la estadística de convenios, pero UGT entendía que fuentes como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social resultaban más oportunas y arrojaban una cifra superior. En cambio, el encabezado por Unai Sordo estaba cómodo con la fórmula utilizada ya que un miembro de su gabinete económico participó en su diseño, por lo que no entró en el debate sobre si se había alcanzado o no el señalado umbral del 60%.
Comisiones Obreras enfoca esta negociación con dos prioridades en la hoja de ruta: el mantenimiento del poder adquisitivo y la nueva redacción de la norma que regula el salario mínimo. Así lo explica a el.Economista.es Raúl Olmos, de la secretaría general de Acción Sindical de CCOO. «Es necesario que abordemos la regulación del SMI porque estamos teniendo muchos problemas con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no compartimos y que establece que tienen que tenerse en cuenta todas las retribuciones para calcular el salario». A raíz de este pronunciamiento, se valoran todos los complementos para determinar si un trabajador recibe o no el salario mínimo, pese a que los reciba por conceptos no relacionados con el tiempo como los idiomas que habla o el nivel de responsabilidad.
Esta revisión de la ley formaba parte del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo para aplicar la última subida, no obstante, no han vuelto a tener noticias sobre ello, con todos los focos puestos en la reducción de la jornada laboral. Desde el sindicato, se apunta a la transposición de la directiva de salarios mínimos como el debate ideal para abordar esta materia, aunque reconocen no saber cuáles son los planes del Gobierno al respecto.
CEOE y Cepyme, por su parte, están a la espera de conocer cuál es la propuesta que les traslada Díaz una vez valorado el informe. Los de Antonio Garamendi llevaron la batuta de la negociación el pasado invierno al proponer un aumento de entre un 3% y un 4%, en línea con lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que guía los convenios. Las organizaciones empresariales presentaron dos condiciones para respaldar este incremento salarial: bonificaciones a las cotizaciones del campo y la revisión de la ley de desindexación, dado que su actual redacción impide que las empresas puedan trasladar al sector público estas subidas en los contratos que tienen en vigor. El departamento de Díaz reconoció que existía un problema con este segundo punto e intentó convencer al ministerio de Hacienda para modificar la ley aprobada en el marco de la crisis financiera, pero no tuvo éxito.
En esta materia, el Gobierno está obligado a consultar a los agentes sociales, aunque no tiene por qué respetar lo objetado por estos. Fuentes gubernamentales explican que se les citará tras contar con el informe, aunque está por ver si se hace público el abanico arrojado por los expertos, dado que en 2024 el ministerio no lo compartió al hacer sus ofertas para convencer a ambos lados de la mesa de negociación.
Solo una subida respaldada por CEOE
Las subidas efectuadas por el Gobierno tanto en esta como en la pasada legislatura se han dado, en su mayoría, sin el respaldo de las organizaciones empresariales. El Ministerio de Trabajo solo cerró un acuerdo con CEOE en el año 2020, en el marco de la pandemia, cuando la patronal aceptó un incremento del 5,5% para evitar que el SMI escalase hasta los 1.000 euros brutos al mes; cifra que alcanzó dos años después. Estas alzas se dieron mientras, en paralelo, se elevaban las cotizaciones sociales en el marco de la reforma del sistema público de pensiones que impulsó el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Un conjunto de medidas que la organización tachó de «injerencia», como la futura reducción de jornada o la modificación de la prevalencia de convenios, además de cuestionar que se primara esta cuestión frente al mantenimiento del nivel de empleo en la crisis de precios.
