El Congreso de los Diputados ha aprobado la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que contempla que en 2040 dejen de venderse estos vehículos
Los coches de gasolina y diésel,que pueblan actualmente el parque móvil en España, tienen los días contados. La lucha contra el cambio climático y el efecto invernadero tiene a la industria del motor en el punto de mira y será necesaria una completa reconversión que ya ha empezado.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España. Una normativa que afecta a muchos ámbitos, pero que cita una fecha concreta para el fin de la venta de los llamados vehículos de motor de combustión: 2040. Es decir, dentro de 19 años ya no se podrán vender en España coches de gasolina, diésel ni siquiera híbridos. Todo automóvil deberá ser propulsado exclusivamente por una energía que emita cero gramos de dióxido de carbono.
Así se recoge en el articulo 14 de la ley, dedicado a la promoción de movilidad sin emisiones:
«En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2 /km establecidas conforme la normativa comunitaria. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.»
El objetivo es conseguir un parque de turismos y vehículos ligeros neutro de carbono en 2050, cuando en teoría se retirarán de la circulación los de combustión. La nueva Ley también impulsará la integración de biocarburantes en el transporte «y otros combustibles renovables de origen no biológico» e impulsará una red eléctrica que permita dar cobertura a un parque móvil que será totalmente distinto al actual y que dependerá de los puntos de recarga.
La normativa también impone que en 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán tener zonas de bajas emisiones.
