- Las reglas de juego cambian en 2022
El castigo fiscal a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicav) obligará a cerrar hasta el 80% de estos vehículos de inversión. Los gestores y los asesores fiscales aceleran su desmantelamiento para evitar a sus clientes gastos innecesarios ante la entrada en vigor de la ley antifraude. La normativa endurece los requisitos para acceder a la tributación del 1% habitual en las sicavs.
El Gobierno aprobó en mayo un fuerte castigo a las sicavs en el texto de la ley contra el fraude fiscal. El Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista, que endurecen los requisitos para conformar estos vehículos de inversión con el pretexto de que son usados por los grandes patrimonios para defraudar a la Agencia Tributaria. Entre otras muchas medidas, la normativa -que entró en vigor el pasado 1 de enero- refuerza el control sobre las sicavs mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que, como mínimo, tienen que ser cien.
Esta situación ha supuesto un aluvión de cierres de estas sociedades en los últimos meses. Según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), España ha perdido en un año el 10% de sus sicavs. En concreto, a 1 de julio quedaban en el país 2.339 sicavs, el nivel más bajo desde el año 2001. Es el último dato que ofrece la CNMV, pero el grueso de bajas se habría producido en la segunda mitad del año, aunque aún no se han publicado los datos.
El argumento del Gobierno para penalizar estas sociedades patrimoniales es acabar con los llamados mariachis, los inversores de paja que conforman la mayoría de la sicav pero con el menor de los capitales. El Gobierno insiste en que estas herramientas son utilizadas por los grandes patrimonios, creadas con decenas de mariachis, para eludir el pago de impuestos como Patrimonio.
La ley exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes para formar una sicav. Estas sociedades de inversión tributan por sus beneficios como cualquier empresa, aunque mantienen un tipo impositivo del 1 %. Otra ventaja fiscal de las sicavs es que también se produce un diferimiento en el pago de impuestos, al no tener que declarar los beneficios, en el caso de que los hubiera, hasta que no se produzca la venta de las acciones de la sicav.
Según los expertos consultados por elEconomista, la nueva normativa solo permitirá sobrevivir al 20% de estas sociedades. El patrimonio se pasará a otros fondos y vehículos de inversión más provechosos para los ahorradores.
La nueva norma
Para determinar el número mínimo de accionistas de las sicavs, la nueva normativa establece que se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 2.500 euros determinado de acuerdo con el valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones. Además, tratándose de sociedades de inversión de capital variable por compartimentos, a efectos de determinar el número mínimo de accionistas de cada compartimento se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 12.500 euros.
El número mínimo de accionistas establecido deberá concurrir durante el número de días que represente al menos las tres cuartas partes del período impositivo. Todo esto no se aplicará a las sociedades de inversión libre ni a las sociedades cuyos accionistas sean exclusivamente otras instituciones de inversión colectiva, ni a las sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas.
El cumplimiento de las nuevas reglas para determinar el número mínimo de accionistas podrá ser comprobado por la Administración Tributaria. De esta forma, la nueva ley obliga a la sociedad de inversión a mantener y conservar durante el período de prescripción los datos correspondientes a la inversión de los socios en la sociedad.
Más presión a las empresas
El 70% de la subida fiscal firmada por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año recaerá sobre las empresas. El Gobierno estima que las reformas fiscales aprobadas supondrán un incremento de ingresos para el año que viene de unos 3.273 millones de euros, tras sumar los cambios aprobados este año. Las empresas soportarán, en buena parte, el aumento de los impuestos, en concreto 2.271 millones, el 70% del total, con el consiguiente impacto en sus costes fiscales.
El aumento de la presión fiscal para del Gobierno de Sánchez ha provocado que el país pierda otros cuatro puestos en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional de la Tax Foundation. España ocupa la posición 27 del total de los 36 países analizados.
Además, el aumento de la tributación selectiva para las empresas, que el Gobierno insiste en que será neutral para los contribuyentes personas físicas, afecta al mercado. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) apunta en su informe sobre los PGE que «el flujo de nuevas inversiones se resiente ante las mayores cargas tributarias empresariales, lo que, a su vez, contrae el empleo y el flujo de rentas del trabajo de la economía». El IEE recuerda que «la actividad empresarial es un proceso especialmente positivo que beneficia al conjunto de la sociedad».
